El Gobierno quiere completar la compra del 10% de Telefónica "lo más rápido posible"

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"Lo que les puedo decir es que, en cuanto a los plazos para completar esa compra, se hará lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, evidentemente, siempre que, además, no afecte a la cotización de la compañía", ha subrayado Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las declaraciones de Alegría se producen un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) oficializase la adquisición del 3,044% de Telefónica, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El paquete accionarial que posee el Gobierno de Telefónica tiene un precio de mercado actual de unos 700 millones de euros, con la cotización de la operadora en torno a los 4 euros. Al precio de mercado actual, completar la compra del otro 7% de la operadora tendría un coste de unos 1.600 millones de euros.

Por otro lado, Alegría también ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo es dar "mayor estabilidad accionarial" a Telefónica y "salvaguardar" las capacidades de una compañía, que según ha señalado, es "estratégica para los intereses nacionales". "Es una fórmula que también se está llevando a cabo en otros países del entorno", ha añadido.

El Gobierno ordenó el pasado diciembre a la SEPI adquirir hasta un 10% de Telefónica, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la operadora saudí STC en la compañía el pasado septiembre, cuando adquirió un 9,9% de la empresa -4,9% en acciones directas y un 5% en derivados- por 2.100 millones de euros.

En este contexto, cabe recordar que la decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.

Sin embargo, a mediados de este mes el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre "se mantiene" a pesar de esa decisión del Ejecutivo.

Una vez frustrada la vía de financiar la participación vía Presupuestos, el Gobierno dispone de otras opciones para sacar adelante la operación (mediante un incremento de deuda, por ejemplo), si bien aún no ha revelado por cuál se ha decantado.