El Gobierno ha calculado que la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas de este año debido a la compensación que el Estado tendrá que abonar a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia.
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La cifra contrasta con los 4.200 millones de euros exigidos por Abertis como consecuencia de las inversiones realizadas y por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.
Y es que el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, que todavía está pendiente de una resolución por parte del Tribunal Supremo, que se mostró en 2017 favorable a este pago, pero que el entonces Ministerio de Fomento recurrió.
CONTENCIOSO ABERTIS-ESTADO
Su origen se sitúa en un acuerdo de 2006, antes de la crisis financiera de 2008, por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora en la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes si el Estado asumía el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.
No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que dio paso a la llegada del caso a los tribunales.
En el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, el Gobierno recuerda que este importe se verá compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, Caixabank y al Banco Santander por el almacenamiento subterráneo 'Castor' por 1.454 millones de euros, sin correspondencia en 2021.
