Es uno de los casos empresariales que más atención que ha acaparado en los últimos meses: la presunta relación de Iberdrola con el excomisario de policía José Manuel Villarejo. Sin embargo, la pandemia de coronavirus y el impacto que está teniendo en el día a día de las empresas ha dejado ese asunto en el tintero. Así ha pasado en la junta de accionistas celebrada este jueves, donde no se trataron los contratos entre la compañía y Cenyt, la sociedad controlada por el expolicía.
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La última vez que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, habló del caso Villarejo fue hace poco más de un mes: el 26 de febrero. Entonces, las eléctrica vasca presentó sus resultados de 2019 y Galán tuvo que dar explicaciones a los inversores.
"En Iberdrola tenemos una gobernanza corporativa muy fuerte y de cumplimiento. Y estas políticas están funcionando bien", aseguró Galán durante la ‘conference call' de resultados. "Estamos colaborando con la justicia porque no tenemos nada que ocultar. Queremos transparencia total".
Este jueves, a Sánchez Galán le tocaba su cita anual con los accionistas y el caso Villarejo quedó al margen de su intervención, a pesar de que sí había puntos en el orden del día vinculados con el gobierno corporativo de la multinacional.
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LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
La junta votó a favor de reforzar la denominada Unidad de Cumplimiento. Se trata de la unidad interna de Iberdrola que vela porque se obedezcan los principios éticos y que ha pasado a formar parte de la “norma fundacional” de la compañía. Es decir, forma parte del esqueleto estatutario de la empresa.
Iberdrola elaboró, de cara a la junta, un informe en el que asumía que la Unidad de Cumplimiento había hallado 17 facturas vinculadas a Cenyt, todas ellas, legales. De ellas, 14 las emitió Cenyt a Iberdrola entre los años 2004 y 2009 (por un importe total de 1,017 millones de euros); y otras 3 facturas, emitidas entre 2012 y 2017 a Iberdrola Renovables (por un importe conjunto de 114.200 de euros).
La conclusión de la eléctrica, en ese informe dirigido a accionistas, era que “tanto por la información interna como por los acontecimientos externos de los que se ha tenido conocimiento, los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la sociedad por lo que su impacto, de existir, se circunscribiría al ámbito reputacional”.
