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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado contra la gran cantidad de impuestos diferentes que existen en España, con casi 40 tributos distintos, y ha insistido en que mantener el gravamen extraordinario del Gobierno sobre las ganancias de las energéticas "no tiene ningún sentido".
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En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2023, Galán consideró que esta situación "no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo" y que España debería "estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones de fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer este país sea totalmente atractivo".
Asimismo, recordó que este gravamen especial, que nació con la naturaleza de "temporal" para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania, y que el Gobierno del PSOE y Sumar ya ha dicho que se prolongará aunque suavizándose incluyendo en los Presupuestos incentivos a la reinversión, ya está en los tribunales.
"En todo caso, creo que es algo que no tiene ninguna lógica y es el único país donde seguimos manteniendo estos impuestos que se aplican a los ingresos, lo cual no tiene ningún sentido", insistió.
A este respecto, subrayó que en España existe una lista de casi 40 impuestos, 18 de ellos del Gobierno central y otros más de veinte por regiones, que "no hacen que la situación sea atractiva" para invertir.
Galán puso en valor la contribución a las arcas públicas de la compañía en España, con casi 3.500 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 35% con respecto al año anterior, cifra que suma más que "todos los gastos de personal, de operaciones, de mantenimiento de las instalaciones e incluso los gastos financieros".
"Bueno, la verdad es que me quedé impresionado cuando vi las cifras", dijo, añadiendo que la cifra media de otros países viene a ser el 20% de los costes operativos y en España "estamos hablando de un 120%".
CAMBIAR EL LÍMITE A LA INVERSIÓN EN REDES
Por otra parte, Galán señaló que los activos regulados se mantuvieron constantes en España, en 9.300 millones de euros, afectados por el límite regulatorio a la inversión en redes eléctricos, algo que pidió cambiar ya.
En este sentido, destacó que se trata de una ley que tiene una década y que se basa en algo que "no tiene mucho sentido", como es relacionar el PIB con la inversión en redes. "Desde mi punto de vista como ingeniero no tiene ningún sentido, yo no sé qué dicen los economistas, pero el PIB y la red eléctrica no sé cuál es la relación", afirmó.
No obstante, consideró que se empiezan a percibir "algunos signos positivos", después de que el Gobierno haya abierto la posibilidad de reconsiderar este límite y el regulador haya iniciado la revisión de la tasa de retribución, "cuyo nivel es bajo comparado con otros países, para el próximo periodo regulatorio", dijo.
"Pero con decirlo no basta. No solamente hay que modificar el límite para hacer esto sea atractivo, con las normas actuales, si no se modifican, el atractivo de las inversiones en redes es muy bajo", dijo.
