Dos de los fondos internacionales personados en la causa penal contra Popular han solicitado a la Audiencia Nacional que investigue con carácter urgente la presunta financiación ilegal de la entidad a empresas mediante sociedades pantalla creadas en Luxemburgo. Concretamente, Anchorage y Algebris comunican al juez que estas compañías "están siendo disueltas y liquidadas", lo que supone "un riesgo de destrucción de documentos relacionados con estos graves hechos", según detalla el escrito, al que ha tenido acceso Bolsamanía.
Los fondos señalan en el documento que en la operativa del entramado que presuntamente creó Popular en Luxemburgo para financiar a empresas en problemas estaban implicados directivos del banco como Tomás Pereira, director de Servicios Jurídicos y subdirector general en el momento. De hecho, Pereira era el "hombre clave" en la relación entre Popular y Thesan, la compañía mediante la que Popular financiaba a estas empresas.
Los fondos acusan a más directivos de formar parte de este entramado, como Luis Javier Mejido Lahera, correspondiente al área de Servicios Jurídicos Centrales, o Patricia del Valle López, que tuvo varios cargos de responsabilidad en el banco con anterioridad a su resolución.
En este entramado, según Anchorage y Algebris, no solamente estaría implicado Popular, sino también Aliseda, su inmobiliaria, y, en su representación, Santiago Burgaleta García Mansilla, vinculado a Thesan y propietario único (beneficial owner) de varios vehículos utilizados en Luxemburgo.
"Instaremos diversas diligencias de investigación que entendemos urgentes e imprescindibles para evitar la destrucción de las pruebas relativas a estas operaciones", advierten los fondos internacionales en su escrito. Asimismo, le solicitan que requiera a Popular y Aliseda varios documentos relacionados con la financiación irregular en Luxemburgo.
Por otra parte, piden al juez instructor (que ya no es Fernando Andreu, sino José Luis Calama Teixeira) que facilite a los peritos del Banco de España una copia del informe de la CNMV fechado el 23 de mayo de 2018, en la que el supervisor explica que hay factores que confirmarían la "intencionalidad" de altos directivos de Popular en falsear las cuentas al "incurrir en errores contables que han tenido que ser objeto de ajustes posteriores de gravedad, relevancia e impacto" en las mismas.
