El Ministerio de Fomento ha sacado a concurso la gestión de las doce áreas de servicio que suman las autopistas AP-4 Sevilla-Cádiz y AP-7 Tarragona-Valencia-Alicante, las dos vías que a finales de año levantarán el peaje, para un periodo de cinco años y un importe total de 256 millones de euros.
Con la licitación de la explotación de estos puntos de descanso y restauración, Fomento da un paso más ante la conclusión el próximo 31 de diciembre del contrato de concesión de las autopistas que actualmente tiene Abertis, su reversión al Estado y la consiguiente supresión de su peaje.
En concreto, Fomento ha sacado a concurso las tres áreas de servicio con que cuenta la autopista AP-4, dos situadas en Sevilla y otra en Cádiz.
El importe de cada uno de los tres contratos, equivalente a la cifra de negocio que se espera generen las instalaciones durante los cinco años, oscila entre los 9,36 millones y los 18,69 millones de euros.
En el caso de los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Valencia, y entre esta ciudad y Alicante, se licitan un total nueve áreas de servicios repartidas entre estas tres provincias y la de Castellón.
El importe de los contratos varía entre los 14,98 millones de euros y los 25,22 millones de euros, según informó el Ministerio de Fomento.
El Departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos tiene también en licitación los contratos de mantenimiento de las dos autopistas, que suman un importe de 153 millones de euros.
NEGOCIACIÓN DEL ERE
En paralelo, Abertis, a través de su filial Aumar, se encuentra en plena negociación con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para 140 trabajadores de estas dos autopistas.
Este ajuste equivale a casi la mitad (el 46%) del total de 300 empleados que suman las dos vías y se centra en los empleados vinculados a las labores de cobro de peaje, toda vez que está previsto que aquellos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.
En concreto, en la AP-4 el ajuste afectará a 25 empleados, el 45,5% del total de 55 trabajadores con que cuenta la autopista, de 93,8 kilómetros de longitud.
En el caso de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, el ERE incluye a 115 trabajadores, el 47% del total de 245 empleados de la vía, de 373 kilómetros de longitud sumando sus dos tramos.
