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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra la empresa Naturgy Generación al considerar que cometió un delito con el "incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 desde marzo de 2019 a diciembre de 2020, coincidiendo con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid-19".
En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha explicado que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha interpuesto la querella después de que las diligencias practicadas hayan revelado, a su juicio, que la compañía "abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos".
Y lo hizo, señala la Fiscalía, "adoptando, de modo consciente y deliberado, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, obteniendo un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, que generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores".
El Ministerio Fiscal considera que la compañía pudo incurrir en un delito relativo al mercado y a los consumidores al haberse ocasionado "un perjuicio ilícito para los derechos e intereses de los consumidores y usuarios del sector eléctrico".
La Fiscalía considera que la competencia para conocer de estos hechos recae en la Audiencia Nacional en tanto que su Sala de lo Penal conoce del enjuiciamiento de las causas por delitos relativos a defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que produzcan o puedan producir grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional, o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
Las diligencias preprocesales contencioso-administrativas se incoaron con motivo de la denuncia presentada por Facua, y se ha contado con documentación e informes remitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Dichas diligencias fueron instruidas conjuntamente por la propia Durántez y por el fiscal coordinador de la Sección Contencioso-Administrativo y Social de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Manuel Campoy.
