La Fiscalía Anticorrupción cree que existen algunas “deficiencias administrativas” en la actuación que tuvo el Banco de España en relación con Bankia, su salida a bolsa y la integración de las siete cajas de ahorro en BFA, pero en ningún caso considera que el supervisor tenga que asumir responsabilidad penal por ello. Todas las decisiones erróneas las achaca, “única y exclusivamente”, a los administradores del banco.
Carmen Launa, la fiscal encargada del caso, que lleva cuatro sesiones consecutivas exponiendo su informe, cree que en el transcurso del juicio oral ha quedado acreditado que la función del Banco de España es verificar la solvencia y no los aspectos del registro contable que, según ha dicho, corresponden al auditor interno. Lo apunta basándose en las afirmaciones de los miembros del Banco de España que han pasado por el juicio como testigos.
Por ello, la fiscal exime al Banco de España de reproche penal por su autorización a algunas cajas a cargar pérdidas contra reservas y no contra resultados antes de su integración en BFA, uno de los temas que se ha debatido largo y tendido a lo largo del juicio. Launa ha afirmado que esta autorización también se dio a la CAM y ha recordado que en el proceso penal relativo a esta entidad, ahora propiedad de Sabadell, no se reprochó penalmente esta conducta.
Tampoco cree que el supervisor tenga ninguna responsabilidad que asumir por el déficit de saneamientos que, en opinión de la fiscal, el banco arrastró desde 2010, antes de su creación. Durante estos días ha venido haciendo bastante referencia a que en la integración de las siete cajas en el Grupo BFA en 2010 no se tuvieron en cuenta deterioros por más de 5.000 millones de euros, generando un “déficit de saneamientos” que, en opinión de la fiscal, constituye una cifra “desproporcionada”. La decisión de ocultar este déficit de saneamientos, en su opinión, corresponde únicamente a los gestores del banco.
En cuanto al folleto de salida a bolsa de Bankia y la propia operación de debut bursátil, la fiscal cree que el Banco de España tampoco tiene que asumir ninguna responsabilidad penal, pues, aunque dio su aprobación, para Launa tanto la decisión definitiva de la salida a bolsa, la fecha, el precio, el importe y la publicidad correspondieron al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el resto de acusados.
LA CNMV SE FIÓ DE DELOITTE
Por otra parte, la fiscal considera que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tampoco tuvo ninguna responsabilidad penal. De hecho, ha explicado que, según su opinión, este supervisor dio su visto bueno al folleto de salida a bolsa de Bankia porque confió en las auditorías favorables que había emitido Deloitte sobre las cuentas que se encontraban incluidas en él. “La CNMV consideró que la información contenida [en el folleto] era correcta por el aval de las auditorías favorables de [Francisco] Celma”, ha señalado.
De acuerdo con la representante del Ministerio Fiscal, la CNMV manifestó su “confianza” en las auditorías y sus responsables “erraron” en su conocimiento de la situación de la entidad “sobre la base de que habían sido auditadas favorablemente y sin salvedades”. Tanto la auditoría de las cuentas de Bankia del primer trimestre de 2011, como las de BFA, las de Caja Madrid de 2010 y las de la combinación de negocios de las siete cajas corrieron a cargo de Deloitte y, más concretamente, de Francisco Celma, socio de esta firma, que se sienta en el banquillo del caso Bankia.
