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Francisco Celma se encuentra entre los encausados del caso Bankia a los que la Fiscalía Anticorrupción decidió el lunes incluir en su acusación. El socio de Deloitte, que en la actualidad es el responsable de Servicios Financieros de la firma en España, está acusado por la fiscal de haber cometido un delito de estafa a inversores como cooperador necesario por su papel como auditor en las cuentas de BFA correspondientes al ejercicio 2010, justo el anterior a la creación de Bankia y su salida a bolsa. Según detalla en su escrito, la Fiscalía cree que la decisión de Celma de validar estas cuentas “estaba tomada de antemano a la realización de cualquier prueba auditora”, de forma que el informe favorable sin salvedades del auditor que acompañó a la formulación de esas cuentas “no fue más que un mero trámite sin sustento alguno”.
La Fiscalía Anticorrupción ha sido implacable contra los acusados del caso Bankia. Si al principio del juicio oral había acusado simplemente a cuatro exdirectivos (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por estafa a inversores, ahora amplía su acusación a catorce de los encausados y añade otro delito, el de falsedad contable, en relación con las cuentas de BFA de 2010, del primer trimestre de 2011 y del ejercicio completo 2011, así como las correspondientes a estos dos últimos periodos de Bankia. Algunos acusados por falsedad contable lo son por delito continuado y otros en grado de tentativa.
Entre los acusados que se han visto más perjudicados tras la decisión de la fiscal del caso, Carmen Launa, conocida este lunes se encuentra Celma. Al inicio del juicio oral, el socio de Deloitte era acusado solamente por las acusaciones, pero no por la Fiscalía, una situación que ahora ha cambiado por completo.
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Launa le acusa de ser cooperador necesario en una estafa a los inversores por el papel que ejerció como auditor de las cuentas de BFA de 2010, cuyos errores se arrastraron durante los meses posteriores y llevaron a una información no adecuada de las cuentas de Bankia en su salida a bolsa, según concluye la fiscal en su escrito.
Por ello, pide para él dos años de prisión y una multa de unos 60.000 euros, así como la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo y la actividad bancaria durante la condena y su colaboración en la indemnización a los minoristas personados en la causa que no hayan sido ya compensados por Bankia.
Celma, “en connivencia” con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el expresidente de Bancaja José Luis Olivas “emitió sobre las cuentas consolidadas de BFA a 31 de diciembre de 2010 informe favorable sin salvedades, omitiendo conscientemente en su limitado, anómalo e irregular análisis, la práctica de cualquier tipo de diligencia que hubiera podido provocar la afloración del déficit ocultado, e incurriendo en abultados "errores" que invalidaron los parámetros utilizados”, apunta duramente la Fiscalía en su escrito.
DETERIOROS OCULTADOS A PROPÓSITO
Con “déficit ocultado”, la fiscal se refiere a que el ajuste a valor razonable realizado en las cuentas de BFA cerradas el 31 de diciembre de 2010 debería haber reconocido unas necesidades de saneamientos por 14.966 millones, cifra que obtiene a partir de los cálculos que PwC realizó antes de la creación de Bankia por solicitud de la entidad y de los deterioros existentes a esa fecha certificados por Bankia. “A ello”, añade, “habría que añadir los deterioros de Banco de Valencia, que no están contemplados como consecuencia de las limitaciones del análisis de PwC. Estos deterioros fueron estimados por BFA en 663 millones de euros”.
De acuerdo con la Fiscalía, si estos deterioros se hubieran reconocido correctamente, el patrimonio y los recursos propios del grupo se habrían reducido, este habría tenido que reconocer la sobrevaloración del coeficiente de solvencia (Tier I) y habría exigido una muy superior aportación de capital para cubrir los requisitos legales “y, probablemente, habría impedido la salida a bolsa”.
UNA IMAGEN ALEJADA DE LA REAL
“Los autores del informe de PwC [entre los que se encuentra el que más tarde sería interventor de la entidad, Sergio Durá] plantearon a Rodrigo Rato e Idelfonso Sánchez Barcoj, entre otros, la distribución temporal en los dos años sucesivos siguientes de los deterioros de los activos de riesgo "con el fin de minimizar/ajustar su impacto en la cuenta de resultados y en la solvencia”, indica la fiscal, que concluye después que con este diferimiento “se estaba trasladando al mercado una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial que no se correspondía con la realidad”.
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Además de confundir al mercado, esta iniciativa es contraria a la ley, según la fiscal, dado que esta “exige el reconocimiento de los deterioros conocidos en la fecha de la combinación de negocios”.
Así, las cuentas de BFA de 2010, según concluye la Fiscalía, omitieron saneamientos por 6.422 millones de euros, de forma que trasladó al mercado “una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial muy alejada de la real situación del grupo”.
La decisión de ocultar estos deterioros en las cuentas y de presentarlas así al consejo de administración para que este las formulara fue de Rato y de Olivas, que contaron con la colaboración de Sánchez Barcoj. Y también con la de Celma, al que la fiscal considera cooperador necesario de esta estafa.
De acuerdo con el escrito, el auditor equiparó los ajustes necesarios calculados por PwC (18.687 millones) a los estimados por AFI y Deloitte (entre 16.043 y 19.678 millones), que habían realizado el plan de integración, anterior al informe de PwC, algo que no podía hacerse dado que esta auditora no había incluido en su estudio unos fallidos por importe de 3.270 millones.
Por otra parte, siempre según la conclusión de la Fiscalía, Celma justificó que el reparto del ajuste realizado para que ninguna caja quedase con patrimonio negativo fue consensuado con el Banco de España, algo de lo que no existe constancia. “Finalmente, ni siquiera se verificó por Francisco Celma la actualización de los ajustes con las coberturas existentes a 31 de diciembre de 2010”, añade.
La Fiscalía cree que la auditoría realizada por Celma fue, en todo caso, “insuficiente” para determinar que el ajuste que se incluyó finalmente era razonable. “Esta insuficiencia manifiesta de cualquier actividad y/o metodología de valoración, unida a supuestos "errores" de una importancia extraordinaria, evidencian que la decisión de validar las cuentas estaba tomada de antemano a la realización de cualquier prueba auditora y que la formalización del informe favorable no fue más que un mero trámite sin sustento alguno”, apunta la Fiscalía.
