La fiscal y la 'doctrina Atutxa' hacen muy difícil que el banquillo de Bankia se libre

La ‘doctrina Botín’ fue establecida en 2007 cuando el Tribunal Supremo libró al fallecido banquero Emilio Botín de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito comercializadas por Santander. El alto tribunal decidió que las acusaciones populares (los demandantes que se incorporan al caso al considerar que el acusado ha quebrantado la ley aunque no sean directamente perjudicados) no eran suficientes para sentar en el banquillo al expresidente de Santander, sino que para ello era necesario que acusaran o bien los particulares o bien el fiscal (o ambos).

En el caso Bankia, la Fiscalía solamente acusa por estafa a cuatro exdirectivos: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y Juan Manuel Fernández Norniella. Sin embargo, la fiscal del caso, Carmen Laúna, afirmó durante la primera sesión del juicio que Anticorrupción estudia ampliar la acusación a otro delito, el de falsedad contable, por las cuentas de 2011, que fueron formuladas en marzo de 2012. Esto podría salpicar a más exdirectivos, frustrando así sus intenciones de que se anule la apertura del juicio aplicando la ‘doctrina Botín’.

Esta circunstancia, unida a la hipotética aplicación de la ‘doctrina Atutxa’, harían casi imposible para los acusados librarse del juicio con la excusa de la ‘doctrina Botín’. El expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa fue condenado por desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, un delito que se considera que afecta al interés colectivo, no a uno particular. En este caso no se pudo aplicar la ‘doctrina Botín’ porque el alto tribunal matizó que solo sirve para casos en los que se vea perjudicado alguien concreto.

PERJUICIO AL ESTADO

En el caso Bankia, los intereses dañados son principalmente particulares, porque se trata de personas, físicas y jurídicas, que perdieron su dinero invertido en la salida a bolsa de Bankia, para la que se puso en el mercado un folleto que tenía en cuenta unos resultados supuestamente falseados de la entidad, según concluyeron los peritos del Banco de España encargados del caso.

Sin embargo, dado que la Fiscalía estudia ampliar su acusación, podría considerar que esa falsedad contable ha provocado un perjuicio al Estado, dado que BFA-Bankia recibió 24.069 millones de euros en forma de inyecciones de capital por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su mayor accionista. El Banco de España estima que de esa cantidad solamente se recuperarán 9.857 millones, menos de la mitad. Si la Fiscalía toma esta consideración, no se podría aplicar la ‘doctrina Botín’, dado que se aplicaría la ‘doctrina Atutxa’.

Durante la primera sesión del juicio, las defensas de algunos acusados, como es el caso de Araceli Mora, Rafael Ferrando o José Rafael García Fuster, pidieron la nulidad del juicio en aplicación de esta doctrina. El abogado de Ángel Acebes, por su parte, solicitó que se anulara el proceso al considerar que la querella que se presentó contra el exdirigente del PP fue fruto de su adversidad política con UPyD, partido que lideró el inicio de la causa.

Todas las defensas pidieron dispensas para que sus clientes no tengan que acudir a todas las sesiones del juicio, sino solamente a las esenciales. En algunos casos fue por motivos médicos (Francisco Juan Ros García) y en otros apelaron a que su residencia se encuentra fuera de Madrid. El abogado de Francisco Verdú, por ejemplo, alegó que su defendido reside ahora en Miami.