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El sumario del caso BBVA-Villarejo está sacando a la luz detalles relevantes sobre la contratación por parte del banco de Grupo Cenyt, la empresa de José Manuel Villarejo, excomisario de Policía en prisión provisional y protagonista de el extensísimo caso Tándem. La responsabilidad última de estos servicios genera un cruce de acusaciones entre el expresidente de BBVA Francisco González, el exresponsable de Seguridad del banco Julio Corrochano y el excomisario, un cóctel que se ha visto aderezado estos días con el juicio contra Ausbanc, en el que ya ha empezado a declarar su expresidente, Luis Pineda.
Todas las versiones tienen un denominador común: Julio Corrochano fue quien contrató a Grupo Cenyt como responsable de Seguridad del banco. Es la versión más extendida y la de la Fiscalía, que cree que lo hizo a raíz de su relación con José Manuel Villarejo, pues ambos comparten pasado en el Cuerpo Nacional de Policía, que Corrochano tuvo que abandonar para fichar por BBVA en 2002, tan solo dos años antes de que comenzaran los trabajos del excomisario. Corrochano había sido jefe de la Policía de Madrid primero y comisario de Policía Judicial, una trayectoria que le situó en el camino de Villarejo.
A partir de ahí, la clave se encuentra en la autoría de la orden de proceder a esa contratación, que centra las pesquisas de los investigadores. González ha defendido en reiteradas ocasiones que él no está detrás de la misma, pues la contratación de proveedores depende de directivos que se encuentran varios niveles por debajo de la presidencia. Así lo explicó ante el juez y, según añadía ayer mismo en un comunicado, el presidente de un banco como BBVA no podía estar al día de todos los contratos con una factura de anual de 13.000 millones a proveedores.
González no niega la existencia de los contratos, que el propio banco ha reconocido, pero dice no haber tenido conocimiento de las condiciones de cada uno de ellos ni del hecho de que la empresa proveedora estaba dirigida por un policía en activo. Y, mucho menos, de sus supuestos métodos de investigación ilegales. “Si hubiera tenido conocimiento de que la contratación de esta empresa era ilegal nunca lo hubiera permitido (...) De haber alguna irregularidad, se hizo a sus espaldas”, reza el comunicado.
LA FISCALÍA DESCONFÍA DE FG
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, tiene una opinión bien diferente. Los fiscales del caso acusan directamente a González de estar detrás de la contratación de una serie de trabajos a Villarejo por los que el banco llegó a pagarle más de 10 millones de euros. Creen que González participó “de forma opaca” al ordenar a Corrochano que lo hiciera, según la documentación del sumario hecha pública por El País.
Los fiscales sacan sus conclusiones tras estudiar los más de quince tomos de sumario y escuchar las declaraciones de aquellos imputados que quisieron responder a sus preguntas y las del juez Manuel García Castellón. Entre ellas se encuentra la de Antonio Béjar, a quien BBVA fulminó el pasado otoño tras haberle apartado durante el verano de la presidencia de Distrito Castellana Norte. Béjar explicó al juez que el expresidente del BBVA le dijo durante un encuentro en su despacho que el banco debía contratar para un tema de investigación a impagados a la empresa que mandara Corrochano, que resultó ser Grupo Cenyt.
Los fiscales confían en esta versión y, según se refleja en la documentación incorporada al sumario, cargan la responsabilidad directamente sobre González, lo ha hecho despertar la “absoluta indignación y sorpresa” del expresidente de BBVA, que acusa al Ministerio Público de caer en la “frivolidad”. Con todo, a pesar de su acusación, la Fiscalía no ha pedido cautelares contra el exbanquero, aunque sí solicitó su imputación, a la que el juez accedió en pocas horas.
EL CASO AUSBANC
Coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario, el caso BBVA-Villarejo se ve salpicado estos días por el juicio contra Ausbanc y sus exresponsables por extorsión, en el que ha declarado ya Luis Pineda. El caso nació de una denuncia anónima cuya autoría se asocia ahora, precisamente, a González.
Otro directivo del banco, Eduardo Ortega, comentó en su declaración ante el juez que el expresidente de BBVA visitó el complejo de la Policía Nacional de Canillas, en Madrid justo antes de que se decidiera redactar la denuncia a Ausbanc que más tarde se presentó como anónima. González, sin embargo, achaca estas visitas a un “almuerzo institucional” en el que ofreció los “servicios tecnológicos del banco”.
