El expresidente del BBVA Francisco González ha afirmado este lunes en la Audiencia Nacional que supo por la prensa de la existencia de contratos entre la entidad y las empresas del comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo en mayo de 2018, ya que nunca vio ningún expediente porque las relaciones con proveedores no pasaban por su mesa.
Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, González se ha explicado así ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en su declaración de más de dos horas y media en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre el BBVA y Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.
González ha defendido que no tuvo conocimiento de la existencia de ninguna relación de BBVA con la empresa Grupo Cenyt ni el comisario Villarejo hasta mayo de 2018, cuando un medio de comunicación se hizo eco de los pagos del banco a esa mercantil. Fue entonces cuando ordenó abrir una investigación interna al despacho Garrigues, según ha explicado durante su declaración.
Los primeros resultados le llegaron en septiembre de aquel año, cuando tuvo por primera vez constancia de la existencia de los negocios con Cenyt, dado que él no supervisaba las contrataciones ni facturas ni con este ni con ningún otro proveedor, pues no pasaban por su mesa.
En todo caso, ha dicho que no le consta ninguna actuación ilegal o irregular encomendada desde el banco y que los sistemas de control y cumplimiento normativo de la entidad jamás detectaron conductas de este tipo en las contrataciones, de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press. Además, ha insistido en que nunca ha conocido a Villarejo ni a su socio en Cenyt Rafael Redondo ni a ningún otro miembro de este grupo empresarial, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.
No obstante, tuvo conocimiento de la intervención de Redondo en un asunto privado, pues según ha dicho a juez y fiscales, descubrió que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, recurrió a él como asesor para solucionar un problema de seguridad que tenía con una vivienda en Málaga. Ha señalado que, en todo caso, esto fue después de que saltase el caso.
Tras la comparecencia, en la que ha respondido a un extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, González se ha dirigido en una breve declaración sin preguntas a los medios y ha restringido el alcance del caso Villarejo en el BBVA a "alguna conducta irregular de carácter individual" que él, "en este momento", ha dicho desconocer.
"Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco", ha apuntado.
Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la interposición de medida cautelar alguna, decisión que de entre la decena de directivos y exdirectivos del banco que han pasado ya por la Audiencia Nacional, sólo se ha acordado en el caso del que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, a quien se fijó una fianza de 300.000 euros y del que se presume era el interlocutor de Villarejo.
EJECUTIVOS INVESTIGADOS
En la jornada de este lunes comparecían además el que fuera director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo. Ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales durante unos 45 minutos.
A continuación, ha sido el turno del policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla. Según informaron en fuentes jurídicas a Europa Press, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto.
Este martes será el turno de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera; Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.
SÓLO BÉJAR Y GONZÁLEZ HAN DECLARADO
Asimismo, están citados el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las mismas fuentes consultadas por Europa Press.
El miércoles, día 20, será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios en relación a este asunto. Hasta la fecha, la entidad ha venido anunciando su disposición a colaborar con la justicia.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad Inés Díaz Ochagavia;y el jefe de grupo en este área Nazario Campo Campuzano.
También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el único de todos los imputados junto a Francisco González que ha optado por responder al interrogatorio en lugar de acogerse a su derecho a no declarar.
