La asociación Facua-Consumidores en Acción ha evidenciado su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno de cobrar a los usuarios de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, porque "terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo".
La medida está recogida en el plan presentado a Bruselas para acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, cuyo objetivo es paliar el impacto de la recesión económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. El Ejecutivo plantea en el texto un "mecanismo de pago" que favorezca "la internalización de los costes internos" bajo la máxima del "usuario pagador" y aplicando el criterio de "quien contamina, paga".
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El Gobierno pretende la implantación paulatina de este pago, aplicándolo en primer lugar en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y haciéndolo extensivo a otras redes "de forma progresiva" posteriormente.
Facua considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe estar financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que salen de los impuestos directos de los ciudadanos. Así, alerta de que la medida afectará más a los usuarios con menor poder adquisitivo, que sufrirán un "perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública".
Asimismo, esta asociación entiende que la medida perjudicará "claramente" a los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y deben usar estas vías habitualmente para desplazarse a centros de trabajo, colegios, hospitales, etcétera. La organización critica también la solución del Gobierno porque considera que consistirá en un "auténtico copago o repago", al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Igualmente, Facua ha criticado el "momento" en el que se plantea la medida y denuncia que no existe una apuesta "clara" por fomentar un transporte colectivo "eficaz y eficiente", de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
Ante el argumento esgrimido por el Gobierno a la Comisión Europea de que este peaje puede "generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", Facua insta al Ejecutivo central a que si el impacto ambiental es un motivo, garantice un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado.
