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Alex Gorsky, consejero delegado de Johnson & Johnson.
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La multinacional estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ha sido condenada en Oklahoma a pagar 572,1 millones de dólares (515 millones de euros) por su papel en la crisis sanitaria por la adicción al consumo de opiáceos, aunque el fabricante estadounidense de productos farmacéuticos y de higiene personal ha anunciado que apelará la sentencia.

Wall Street considera que la multa es algo bueno para la compañía porque la cifra es mucho más baja de lo que analistas esperaban. Así, las acciones de la compañía han liderado las subidas del Dow Jones al avanzar un 1,6%, hasta los 129,85 dólares. Al parecer, podría haberle costado hasta 17.500 millones de dólares.

Las farmacéuticas Purdue Pharma y Teva habían llegado antes del juicio a sendos acuerdos extrajudiciales por importe de 270 millones de dólares (243 millones de euros) y 85 millones de dólares (76,5 millones de euros), respectivamente, para evitar el juicio.

En su sentencia, el juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkmam, considera que los acusados "tomaron parte en la comercialización engañosa de sus drogas y opiáceos en general", añadiendo que la crisis generada por la adicción a estas sustancias representa "un peligro inminente y una amenaza".

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, el consumo de opiáceos estuvo relacionado con 400.000 muertes por sobredosis en EEUU entre los años 1999 y 2017. Desde el año 2000, alrededor de 6.000 personas murieron por esta causa en Oklahoma, según los datos de las autoridades del Estado.

"La decisión en este caso es errónea", ha señalado J&J en un comunicado, ya que el Estado no presentó evidencias de que los productos o acciones de la empresa provocaran las molestias, además de considerar que las reclamaciones del Estado violan los principios fundamentales del proceso al tratar de responsabilizar a una empresa por conductas permitidas por las leyes y regulaciones federales.

"Janssen (J&J) no causó la crisis de los opiáceos en Oklahoma, y ni los hechos ni la ley respaldan este resultado", declaró Michael Ullmann, vicepresidente ejecutivo y asesor general de Johnson & Johnson. "Reconocemos que la crisis de opiáceos es un problema de salud pública tremendamente complejo y tenemos una profunda solidaridad por todos los afectados", añadió.

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