Javier Moreno, ex director financiero de Popular, ha sido uno de los últimos en sufrir el interrogatorio del juez del caso. Durante su turno, el también exinterventor de la entidad defendió que las valoraciones de activos que realizó el equipo de Ángel Ron eran correctas, pese a que Emilio Saracho ordenó rehacer estas tasaciones nada más llegó al banco. De hecho, considera que se actualizaban más de lo que exigía la norma, pues se revisaban cada año o menos, cuando lo obligatorio era hacerlo cada tres.
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Entre los representantes legales de los afectados por este caso había expectativas sobre la declaración de Moreno por su papel como director financiero e interventor de la entidad, pero no se vieron satisfechas en su materialización el pasado martes.
En su declaración, según informan fuentes jurídicas presentes en la misma a Bolsamanía, Moreno se limitó a intentar ser “elusivo” para evitar cualquier responsabilidad derivada de su papel en el banco.
De hecho, Moreno ni siquiera reconoció su responsabilidad sobre las tasaciones de los activos realizadas por el equipo de Ron, que el de Emilio Saracho tuvo que rehacer a su llegada al banco, en febrero de 2017. Estas valoraciones de activos estaban bajo su mando, pero de acuerdo con su declaración “era otra persona la que llevaba ese tema”, explican fuentes jurídicas.
Y eso que el fiscal fue “incisivo” con él en relación con este tema, pero Moreno se limitó a presentarse como un “técnico”, según estas fuentes. Tampoco sabía nada, según relató al juez, de si las compañías tasadoras con las que trabajaba Popular estaban o no autorizadas por el Banco de España. Lo único que explicó, de acuerdo con otras fuentes jurídicas, fue que las valoraciones de estos activos se actualizaban más de lo indicado por la norma.
La regulación que operaba en el momento obligaba a las entidades a realizar una revisión completa de los activos cada tres años, mientras que en Popular, según Moreno, se efectuaba cada doce meses o menos. Con todo, el juez preguntará por estas tasaciones a los peritos designados por el Banco de España, que se presentarán ante el magistrado la semana que viene para dar cuenta de su informe.
LA CNMV LE ACUSÓ JUNTO A LA CÚPULA
El nombre de Moreno apareció entre los directivos a los que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apuntaba como responsables del déficit de provisiones detectado en las cuentas de 2016 en el informe en el que se basó para abrir un expediente sancionador a la entidad y a algunos de sus exdirectivos.
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El supervisor consideraba que Moreno estuvo detrás de la decisión de liberar provisiones de activos problemáticos para pasarlas a otros activos que estaban en el punto de mira del Banco Central Europeo y, de paso, evitar aumentar sus pérdidas. El ex director financiero de Popular explicó al juez que se enteró de todo esto cuando se dio a conocer el informe de la CNMV, según estas fuentes.
Algo en lo que también le implicaba la CNMV era en la presunta financiación de la compra de acciones de clientes en la ampliación de capital que el banco lanzó en mayo de 2016. A él y a la Francisco Gómez, ex consejero delegado de Popular, del que Moreno era un hombre de confianza.
La clave de esta cuestión se encuentra en que el banco pudo cometer una infracción contable con esta financiación de acciones. El banco, presuntamente, dio créditos a clientes para que compraran esos títulos y no dedujo la financiación de recursos propios. Pese a negarlo en sede judicial Ron y confirmarlo Saracho, el propio banco reconoció que esta práctica había tenido lugar en el hecho relevante que informaba de la reexpresión de las cuentas de 2016, enviado a la CNMV el 3 de abril de 2017, ya con el nuevo equipo gestor al mando.
Fuentes jurídicas explican que, durante el interrogatorio a Gómez, celebrado el pasado mes de octubre, el magistrado le cuestionó directamente por si el responsable había sido Moreno, pero se muestran sorprendidas de que en el cuestionario dirigido al ex director financiero el martes esta cuestión ni siquiera se pusiera sobre la mesa.
Respecto a la ampliación de capital y la decisión del equipo gestor de cifrarla en 2.500 millones, Moreno no supo responder cómo se llegó a ese importe y simplemente se limitó a indicar que el banco ajustó las coberturas al nivel de sus competidores, como le habían pedido los supervisores, según las mismas fuentes.
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