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El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles dar un año a compañías como IAG, matriz de Iberia, cuya licencia de vuelo intraeuropea peligra ante la posibilidad de un Brexit caótico, para que reestructuren su accionariado y así puedan seguir operando vuelos entre ciudades del bloque comunitario.
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En concreto, la Eurocámara ha fijado --con 576 votos a favor, 4 en contra y 28 abstenciones-- su posición negociadora sobre las medidas de contingencia propuestas por la Comisión Europea para asegurar las conexiones aéreas en caso de que Londres abandone el bloque comunitario sin acuerdo.
Los eurodiputados han apoyado que las aerolíneas británicas puedan seguir operando rutas entre la UE y Reino Unido durante un periodo de doce meses, siempre que se ofrezca un acceso equivalente a las compañías europeas.
Además, los eurodiputados han pedido al Ejecutivo Comunitario que extienda de manera temporal, pero como máximo hasta marzo de 2020, las licencias de operaciones a las compañías cuya propiedad mayoritaria quede en manos no europeas tras el Brexit, con el objetivo de darles más tiempo para reestructurar su accionariado.
Las reglas comunitarias en vigor establecen que las licencias de explotación para vuelos dentro de la Unión Europea se asignen a compañías cuyo "control efectivo" recaiga sobre un Estado miembro o sus nacionales y que la "propiedad" del 50% más una de las acciones sea también europea.
IAG activó este martes un blindaje contra los accionistas de fuera de la Unión Europea (UE), aunque no aclaró qué pasará con el aproximadamente 20% de accionistas británicos que poseen títulos de la compañía. El grupo de aerolíneas apuntó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la propiedad de su capital social en manos de personas externas a la eurozona ha alcanzado el 47,5%.
Por otro lado, el pleno Parlamento Europeo ha respaldado un mecanismo temporal para que la Agencia Europea de Seguridad Aérea emita certificados para las compañías británicas.
De la misma forma, los eurodiputados han acordado permitir a operadores británicos del transporte de mercancías por carretera llevar bienes a la UE hasta que finalice este año, siempre que Londres también se lo permita a las firmas europeas.
