España es el tercer país de la Unión Europea que menos porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) destina a ayudas públicas a empresas, solo por detrás de Irlanda e Italia. En 2016 lo hizo con un 0,26% de su PIB, dos puntos básicos menos que un año atrás.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta reducción se debe a la disminución de las ayudas horizontales, que no están restringidas a sectores económicos concretos, mientras que las subvenciones sectoriales, que sí lo están, no han variado su peso en la misma medida, peso a haberse reducido también.
De esta forma, Competencia indica que sería "deseable" una mayor participación de las ayudas horizontales sobre el total, siguiendo la tendencia de los países del entorno, dado que es menos distorsionadora en los mercados.
En cuanto a los objetivos perseguidos por las ayudas regulares, también existen diferencias con respecto al resto de países comunitarios. En España se dedican más recursos a ayudas a consumidores individuales y menos a medio ambiente y a transición energética.
Sin embargo, la comparativa en relación con las subvenciones a la Investigación y Desarrollo (I+D+i) resulta favorable para España, en el sentido de que dedicamos más recursos que la UE-28, según dicho informe.
Estos incentivos regulares, que son objeto de estudio de la CNMC, no incluyen los dirigidos al sector ferroviario ni al sector financiero y están supeditadas a la aprobación previa de la Comisión Europea ya que pueden ofrecer ventajas respecto a otros competidores.
Para ser considerada ayuda de Estado, una medida debe suponer el uso de fondos públicos, generar una ventaja económica para el beneficiario, ser selectiva para determinadas empresas o sectores, alterando el equilibrio entre estos operadores y sus competidores, y afectar a los intercambios entre Estados miembro.
NOVEDADES NORMATIVAS
Competencia también recoge en su informe las principales novedades normativas y resoluciones administrativas y judiciales impulsadas por las autoridades comunitarias, entre las que destaca el reglamento que afecta a las ayudas exentas de notificación en materias portuarias y aeroportuarias y a los umbrales de notificación de ayudas culturales y recreativas.
En cuanto a la jurisprudencia, destacan los pronunciamientos en materia de telecomunicaciones en los que el TJUE indica las pautas para evitar la falta de motivación a la hora de aplicar el concepto de 'selectividad'.
Por último, la CNMC también recuerda las actuaciones realizadas por el organismo el pasado año en relación a las ayudas públicas, como los informes realizados sobre el transporte de pasajeros y mercancías, el despliegue de redes de banda ancha, los peajes y el régimen retributivo en materia energética.
