Lo anticipó hace unas semanas y este miércoles lo ha hecho oficial. Endesa no realizará las inversiones medioambientales que requieren las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) y ha pedido al Gobierno la autorización de cierre.
La eléctrica que preside Borja Prado ha presentado este miércoles la solicitud formal de cierre ante el Ministerio para la Transición Energética. La decisión estaba tomada, como adelantó la compañía en la presentación de la actualización de su plan estratégico hace menos de un mes, y sigue la estela del los objetivos de política energética que persigue el Gobierno español: conseguir un sistema energético descarbonizado para el año 2050, un compromiso que comparten todos los países que firmaron el Acuerdo de París en 2015.
Según la empresa, en las diversas reuniones que ha mantenido con autoridades y agentes sociales sobre el futuro de estas centrales, "en las actuales circunstancias regulatorias y de mercado es imposible abordar las inversiones necesarias para que estas centrales cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea". Esta normativa entrará en vigor en junio de 2020 y aboca al cierre de las plantas que no hayan realizado las adaptaciones necesarias para seguir operando.
La energética argumenta que las "elevadas inversiones" necesarias para adaptar estas centrales son "imposibles" de recuperar en el entorno actual. "La evolución de los precios energéticos, el menor margen que el mercado de generación deja libre para que las centrales de carbón nacional puedan funcionar un número suficiente de horas, el cumplimiento del plan para que se produzca el cierre ordenado de las minas de carbón en 2018, las nulas perspectivas de que se produzcan novedades regulatorias que aseguren la suficiente recuperación de nuevas inversiones y la necesidad de sustituir progresivamente centrales térmicas por tecnologías libres de emisiones" son las razones que han llevado a Endesa a optar por el cierre de estas dos centrales al serle "imposible afrontar esas inversiones".
El valor neto contable de estas centrales es de 108 millones en el caso de la de Compostilla y de 93 millones en el de la de Teruel, según los datos al cierre de octubre de la compañía. Además, Endesa ha provisionado ya 178 millones para su desmantelamiento. El cierre de ambas plantas restará a la energética 2,1 gigavatios (GW) en su capacidad térmica instalada, dejándola en 6,3 GW.
Endesa sí ha realizado las adaptaciones necesarias en la planta de Litoral (Almería) y espera terminar la de As Pontes (A Coruña) en los próximos años. Además, tiene también en agenda realizar las inversiones necesarias en sus centrales de Islas Baleares y Canarias.
PLANES PARA EL CIERRE
Antes de solicitar el cierre al Ministerio, la compañía ha mantenido reuniones en los últimos días con los representantes de las comunidades de Aragón y de Castilla y León así como de los municipios donde están ubicadas las centrales para contarles los planes que han trazado para el desmantelamiento.
Endesa afirma que han elaborado una estrategia, denominada 'Planes de Futuro', destinada a promover el desarrollo de actividades económicas y generar empleo en las zonas de las dos centrales. Son, además, planes flexibles y abiertos a incluir nuevas iniciativas que puedan proponerse para lograr esas metas.
La clave del plan de cierre está en que Endesa no despedirá a los más de 300 empleados que tiene actualmente en Compostilla y Andorra. Además, asegura, dará "total prioridad" en la contratación de los empleados de empresas auxiliares para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento y abre la puerta a su reubicación en las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en el área donde se encuentran las centrales.
La energética estima que los trabajos de cierre y desmantelamiento durarán entre 4 y 6 años y generarán unos 130 puestos de trabajo, pudiendo llegar a 200 empleos en momentos de mayor carga de trabajo, en cada una de las plantas.
