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Ence se enfrenta a un nuevo lío en su fábrica de Pontevedra. La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) le ha acusado de utilizar como combustible hasta 18.000 toneladas anuales de aceite usado sin tratar, considerado como residuo tóxico y peligroso por la Unión Europea (UE). Así, la compañía habría conseguido ahorrar más de 3,5 millones de euros anuales, en los últimos cinco años.
Según la asociación ecologista, este combustible, utilizado para generar energía eléctrica, también incumple la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que establece los criterios con los que Ence debe explotar esta instalación industrial. Además, afirma que la quema de aceite usado sin tratamiento térmico provoca daños en la salud humana y la atmósfera. Alude a varios informes elaborador por Bruselas, junto a otros estudios del Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos estadounidenses y europeos.
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Sin embargo, en España se permitía la combustión de aceite usado sin haber realizado un tratamiento térmico previo. El problema está en que sin este proceso, solo se eliminan aguas y sedimentos, quedando aún incorporados residuos que provocan problemas respiratorios al quemarlos. Se trata de sustancias metálicas como zinc, arsénico, níquel o azufre, entre otras, según el informe elaborado por APDR.
Fue a comienzos de 2018, cuando se aprobó una orden que establecía nuevos requisitos para la comercialización de aceita usado a plantas industriales. En ella se estipularon unos tratamientos más estrictos, además de establecerse unos límites a la emisión de gases nocivos para la atmósfera y a la cantidad de sustancias contaminantes presentes en el aceite. En esta misma normativa, se contempla una moratoria hasta 2020.
Desde Ence, niegan "rotundamente" estar utilizando combustibles ni ningún otro producto incompatible con la legislación. Añaden que "las falsas acusaciones" de la APDR "tienen la evidente intención de generar alarma social y de dañar la reputación". La papelera defiende que la planta de celulosa de Pontevedra "cumple holgadamente con toda la regulación vigente" y que, del mismo modo, exige a sus proveedores que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa ambiental.
En su comunicado, la compañía también ha apuntado que emprenderá acciones legales para defenderse. Ence considera que esta acusación se suma a otros ataques que ha sufrido por parte de esta organización "en su afán por perjudicar a esta planta y a los más de 5.000 puestos de trabajo vinculados a la misma".
En cualquier caso, los ecologista han elaborado un informe sobre la utilización de este aceite, que entregarán tanto a la Fiscalía como a los parlamentos de Galicia, España y Europa. Denuncian que, con esta combustión, Ence incumple "los compromisos medioambientales y de seguridad y salud de las personas" que establece en su Memoria y declara a sus accionista e inversores.
ENCE TUVO OTROS PROBLEMAS CON SU FÁBRICA DE PONTEVEDRA
La fábrica de Pontevedra ha estado ligada a la polémica desde hace tiempo. La prórroga de 60 años para la concesión de los terrenos de su fábrica en Pontevedra, que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy, tiene abiertos tres procedimientos en la Audiencia Nacional. En ellos, Ence aparece como codemandado junto al Estado, al tratarse de una decisión de la Administración.
Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la visión del Gobierno de España ha cambiado por completo. De hecho, en uno de esos pleitos, el Estado optó por no defender su posición y ahora considera que la concesión no puede extenderse más de 75 años, por lo que el plazo se cumpliría en 2033. Defiende que con la ley vigente, la prórroga no puede ser equivalente a los años que la fábrica ya ha estado abierta (fue inaugurada en 1958 y su permiso de ocupación concluía en 2016).
