- No prevén cambios sustanciales en el plan estratégico, la inversión de Pontevedra se desviará a Navia
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La crisis de Pontevedra no altera el rumbo de Ence Energía y Celulosa para este ejercicio y, "previsiblemente", tampoco cambiará mucho el plan estratégico que la compañía tiene marcado para 2023. La compañía insiste en que su posición jurídica es "sólida" y que pelearán en tribunales hasta el final para defender la concesión en la ría de Pontevedra donde tienen instalada su biofábrica. Pero si las cosas salen mal aplicarán el "criterio económico" y se llevarán la inversión donde sea más barato. Y no se descarta invertir fuera de España.
"Es temprano para saber qué haremos. Pero Galicia no es lo más barato, ni en mano de obra ni en materia prima. Tomaremos la decisión siguiendo un criterio económico y nos iremos a un país que nos de seguridad jurídica", ha expresado el vicepresidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, ante las dudas de los accionistas sobre el destino de la planta gallega. Latinoamérica podría ser un buen destino, ha añadido.
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Aun así, Colmenares insiste en que el cierre de esta biofábrica "no es inminente, es un tema de medio plazo y queda proceso judicial para al menos seis años". "No descarto que se gane el juicio, ni que perdamos en todas las instancias y pidamos otra prórroga, más corta conforme a la nueva Ley de Costas", matiza el ejecutivo a este medio tras la junta.
Colmenares subraya que Ence "contempla quedarse en Pontevedra, pero en el hipotético caso de que tengamos que cerrar buscaríamos un país con seguridad jurídica, madera barata y competitiva y mano de obra barata, como cualquier inversión. Montar una fábrica de celulosa no es barato.
De cara a este ejercicio, Ence deja intactas sus previsiones de beneficio y estima que la planta de Puertollano sumará 18 millones a su resultado operativo, con lo que el negocio de renovables lograría superar los 100 millones en Ebitda para 2020, de acuerdo con su plan.
Además, la papelera ha aprobado un dividendo complementario de 0,054 euros por acción, con lo que el pago total a los accionistas se elevará a 0,263 euros por título (63 millones de euros con cargo a 2018), un 69% más que en 2017.
CONCESIÓN EN DISPUTA
La prórroga de la concesión de los terrenos para su fábrica en Pontevedra tiene abiertos tres procedimientos en la Audiencia Nacional en los que Ence figura como codemandado. Los recursos, planteados por asociaciones ecologistas y el Ayuntamiento de Pontevedra, se dirigen contra el Estado al tratarse de una decisión de la Administración. Pese a haber concedido en 2016 la prórroga de 60 años sobre esta concesión, el Estado ha optado por allanarse en uno de esos pleitos sin defender su posición y dando un giro de 180 grados a su criterio. Ahora considera que la concesión no puede extenderse más de 75 años (que cumplirían en 2033).
Aunque Ence insiste en que agotarán todas las instancias judiciales, ya ha tomado medidas para mitigar el impacto de esta incertidumbre. Por el momento, ha congelado la inversión prevista para la planta de Pontevedra. En la hoja de ruta a 2023, fijó una inversión de 350 millones para ampliar su capacidad en 100.000 toneladas. Salvo los 50 millones comprometidos para este año, el resto de la inversión se desviará a su planta en Navia, confirma Colmenares.
La compañía también indicó que se daría un plazo de cuatro semanas para revisar el plan estratégico y hacer los ajustes pertinentes. "Dentro de dos o tres semanas haremos una conferencia con analistas para informar de si vemos algún cambio sustancial que, a día de hoy, no vemos", apunta el ejecutivo de Ence.
Los títulos de Ence se han mantenido en verde durante la sesión de este jueves después de días de caídas pronunciadas. La papelera ha cerrado la jornada con un avance del 2,5%, hasta los 4,91 euros. La posible revocación de la concesión de Pontevedra ha profundizado la caída que inició tras los resultados y, en un mes, ha borrado un 27% de su valor.
