- El pasado viernes, 10 de marzo, Fidelity anunció la compra de un 1% de Enagás
- El control de Enagás está en manos del Estado, que controla el 5%
- -0,090€
- -0,69%
Enagás ha liderado este lunes las subidas en el Ibex. La compañía ha sumado un 1,66% arriba, hasta los 23,28 euros. Aun así, los analistas técnicos de Bolsamanía apuntan que estas alzas "no significan nada", en el sentido de que no cambian su aspecto técnico, que viene siendo lateral desde 2015.
"La parte alta del canal se sitúa en los 27 euros y, por abajo, tiene los 21,80 euros. La siguiente resistencia inmediata se encuentra en los 24,55 euros", señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.
El pasado viernes, 10 de marzo, Fidelity anunció la compra de un 1% de Enagás. El fondo de inversión es el tercer accionista de la compañía, con una participación del 2,1% tras esa última adquisición. La firma controla 5,05 acciones de Enagás, con lo que el valor de su participación, a precio de mercado, asciende a 118,49 millones de euros. Los otros dos principales accionistas de Enagás son la SEPI, con el 5%, y Bank of America, que tiene un 3,6% de la empresa.
BRUSELAS CUESTIONA EL MODELO EMPRESARIAL
Dos días antes de conocerse la decisión de Fidelity, se publicó la posición de la Comisión Europea (CE) respecto al modelo empresarial de Enagás (y también de Red Eléctrica). Bruselas ha arremetido contra la 'acción de oro' que el Gobierno español se reserva en ambas compañías alegando que la seguridad del suministro energético requiere un control político especial sobre las compañías que prestan esos servicios.
España impide que cualquier inversor privado controle más del 5% del accionariado, tanto de Enagás como de REE. Además, limita el derecho a voto de los accionistas privados a un máximo del 3%. Ambas medidas otorgan el control de Enagás y de REE al Estado, que no está sometido a ninguno de estos dos límites.
Bruselas inició el pasado 8 de diciembre un expediente de infracción contra España para exigir que desmantele ese blindaje a favor del Estado, según publicó Expansión. El Gobierno debe ahora presentar alegaciones para intentar convencer a la Comisión de que la 'acción de oro' pretende proteger un servicio público que se considera esencial.
