Es uno de los temas clave para el sector eléctrico en los próximos meses: quién va a quedarse con los derechos de acceso a la red eléctrica de las centrales que van a ir cerrando en los próximos años. Es decir, las centrales nucleares y las que emplean combustibles fósiles como el carbón, que tienen sus días contados. El Gobierno tiene que decidir en los próximos meses y el sector teme una pelea dentro del Ejecutivo, entre PSOE y Unidas Podemos, por ver si los dueños actuales tienen derecho a mantener esos accesos siempre que reconviertan esas plantas a renovables.
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Las grandes eléctricas (Naturgy, Iberdrola, Endesa o Viesgo) confían en garantizarse esos accesos si se comprometen a sustituir esas plantas contaminantes por otras ‘verdes’, dando así continuidad a las plantillas, a las que habría que reconvertir. Esa posición, según señalan fuentes del sector, sería la más proclive para el PSOE dado que muchas de estas plantas están situadas en la denominada ‘España vaciada’, con los votos que ello conlleva. Recuerdan que el Ministerio para la Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, ha incorporado además el ‘apellido’ de Reto Demográfico.
En cambio, el sector teme que Unidas Podemos sea más proclive a sacar esos accesos al mercado, previsiblemente vía subasta. El motivo, que el sector eléctrico ha sido siempre uno de los más criticados por la formación encabezada por Pablo Iglesias, entre otros motivos, por ser ‘puerta giratoria’ y haber dado cabida en sus consejos de administración a representantes políticos, entre otros, del PSOE. El sector no sería del todo contrario a las subastas pero critican que estas pueden abrir la puerta a especuladores que pujen por accesos sin tener detrás proyectos industriales.
¿TENDRÁ PAPEL LA CNMC?
El Gobierno tiene que decidir, previsiblemente dentro de la futura Ley de Cambio Climático, porque tiene esa capacidad aunque en teoría es compartida con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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En este sentido, el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec), que el Ministerio concluyó a finales de enero y que prevé enviar a la Comisión Europea en breve, ya reconocía que se trata de un ‘poder’ compartido con el regulador encabezado por José María Marín Quemada.
El Pniec recoge que “la Administración General del Estado y la CNMC llevarán a cabo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, el desarrollo del marco normativo que establezca las condiciones y procedimientos necesarios para la tramitación y obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes. Este desarrollo normativo contribuirá a la consecución del objetivo de penetración de renovables”, según refleja el documento, pero sin entrar al detalle.
