Las grandes empresas energéticas están alineadas con el Gobierno: la transición energética es un hecho y una oportunidad. Pero para que sea un proceso exitoso se requiere un proyecto que lo aborde con "realismo y pragmatismo", porque el coste lo asume la sociedad al completo.
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Así lo han defendido en sus respectivas intervenciones Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol durante el Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte este martes en Madrid. Y aunque todas tienen muy clara su estrategia para abordar la situación, coinciden en que el sector tiene por delante una serie de retos a los que el Gobierno debe atender en la normativa que está a punto de ver la luz para que, como se pretende, sea una transición justa para toda la ciudadanía.
El Gobierno tiene que garantizar la seguridad jurídica para que se puedan desplegar las inversiones necesarias y, de cara a la nueva normativa, se debe abordar una reforma fiscal que asegure la parte financiera del proceso, así como una sólida apuesta por la mejora de la infraestructura de redes y la digitalización, defienden desde el sector eléctrico.
Los objetivos de la transición son "muy desafiantes y difíciles de conseguir", ha opinado José Bogás, consejero delegado de Endesa. En su opinión, aunque España parte con ventaja porque actualmente el sistema eléctrico tiene sobrecapacidad de generación instalada, durante la próxima década habrá que gestionar adecuadamente la desconexión del carbón y de las nucleares para que el suministro no se resienta pero, además, evitar sustituir esas tecnologías por otras que emitan CO2.
"Vamos a dar un salto, tenemos que darlo, pero el plan del Gobierno debería prever una adaptación a las circunstancias actuales", ha defendido Bogas, que considera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -que se presentará la próxima semana- "no debe estar escrito en piedra", sino ofrecer la flexibilidad necesaria para ir adaptándose a las circunstancias futuras.
"LA FACTURA LA PAGAMOS TODOS"
Para Bogas, además, "no será posible" alcanzar los objetivos marcados por el Acuerdo de París si en el proceso de electrificación de la economía no se establecen "tarifas más inteligentes y reformas de la fiscalidad, además de las medidas de eficiencia energética". En este sentido, desde Naturgy lanzan otro capote: "La fiscalidad no puede trastocar la competitividad de la economía. Es un medio, no un fin".
Más rotundo ha sido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que ve necesario que la transición energética se haga desde el "realismo" y respetando la neutralidad tecnológica ya que "la factura la pagamos todos". En este sentido, desde Repsol han reiterado la necesidad de tener en cuenta todas las tecnologías disponibles para dar forma a un mix energético que sea coste-eficiente.
Brufrau ha criticado que se pretenda la prohibición de tecnologías contaminantes cuando la evolución tecnológica permite que sean más eficientes y emitan menos CO2 y sean un aporte durante el proceso de descarbonización. Así, ante la decisión de subvencionar una tecnología en detrimento de otra, ha continuado Brufau, se debe tener claro "quién lo debe pagar: si el dinero público o quiénes se van a beneficiar de esta tecnología cuando sea madura".
"Hay que buscar la ruta más eficiente en costes para reducir las emisiones, que consiste en ver aquellas tecnologías ya maduras que están en el mercado y potenciarlas", ha defendido Brufau haciendo referencia a la necesidad de dar con la ruta "coste-beneficio más eficiente".
Pero la electrificación de la economía no es la única vía, como ha reconocido Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España y ha subrayado Manuel Fernández, director general de Gas y Electricidad de Naturgy. "La electricidad es un medio, no un fin. Como dijo ayer el comisario (Miguel) Arias Cañete, el gas jugará un papel clave en la transición energética. No sólo por la movilidad, sino por la necesidad de dar respuesta a la demanda de clientes industriales", ha afirmado.
