La renovación de Teresa Ribera como Ministra para la Transición Ecológica, reforzada como vicepresidenta, ha contado con el respaldo de los grandes grupos eléctricos. Más poder en sus manos para seguir un rumbo ya marcado desde hace año y medio. Sin embargo, el reciente enfrentamiento de Ribera con Jordi Sevilla, saldado con la salida de éste de la presidencia de Red Eléctrica (REE), puede ser el primer indicio de que no todo es tranquilidad en la relación entre el sector y el Ejecutivo. Hay más nubarrones a la vista.
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Uno de ellos es qué pasará con los derechos de acceso a la red de las centrales que van a ir cerrando en los próximos años. Es decir, si los propietarios de las centrales de carbón (también las nucleares) van a conservar su conexión a la red eléctrica en caso de cerrar una planta y poner en marcha otra renovable. Una decisión que pende del Ejecutivo y que puede ser inminente, dado que la ministra Ribera se ha comprometido a tener lista la Ley de Cambio Climático, que incluirá la estrategia energética, en los 100 primeros días de mandato. O lo que es lo mismo, antes de que concluya el mes de abril.
Comienza así una nueva partida. Por un lado para los dueños actuales de esos accesos, donde están las grandes eléctricas (Naturgy, Iberdrola, Endesa o Viesgo). Por otro, el propio Ejecutivo. Y también, las administraciones locales y autonómicas que querrán tener voz y voto dado que la reconversión de esas plantas conllevaría también la de sus plantillas.
EN LA ESPAÑA VACIADA
Hay que recordar que algunas de estas plantas están situadas en regiones consideradas ‘la España vaciada’. Por ejemplo, Endesa ha manifestado su intención de sustituir su central de carbón de Andorra, en Teruel, por la que sería la mayor planta solar de Europa y que supondría una inversión de más de 1.400 millones de euros.
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En este sentido, el Gobierno considera que esos accesos no son un derecho patrimonial de las empresas implicadas, según señalan fuentes conocedoras. Por ello, podrían cambiar de manos.
Un planteamiento que también ha conllevado un choque de criterios entre el Gobierno de Sánchez, en la anterior legislatura, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por ver quién tenía capacidad de decisión sobre el futuro control de esos accesos, saldada a favor del Gobierno. Sin embargo, todavía tiene que poner negro sobre blanco cómo regulará.
Detrás, además, está la burbuja por conectarse a la red eléctrica, dado que existe un mercado ‘secundario’ de reventa de esos accesos que, en ocasiones, no tienen detrás un proyecto en marcha. De hecho, Red Eléctrica rechaza muchas de las solicitudes de acceso que le llegan y que acaban reclamándose a la CNMC.
