“Es positivo. Tenemos muy claras cuáles son sus prioridades y los inversores también y, además, ahora es más poderosa. Sabemos cuál va a ser el marco en el que nos vamos a mover durante los próximos años”. El sector energético señala, de forma generalizada, que la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica (elevada a la categoría de vicepresidenta) es un buena noticia para una industria que asume se mueve hacia lo renovable y a la descarbonización.
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“La política que va a implementar está muy clara y no tener dudas genera certidumbre”, indican fuentes del sector eléctrico. “Tenemos claro que va ser una ministra continuista y que va a ejecutar pasos que no ha podido hacer en los últimos 18 meses”, añaden.
Una de esas prioridades es bajar la factura de la luz. En el acuerdo entre PSOE y Podemos se menciona en tres ocasiones la voluntad de reducir el coste que supone para los consumidores. Menciona la voluntad del nuevo Gobierno de elaborar un "Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas". En concreto, indica que se acabará con la sobrerretribución que reciben determinadas tecnologías (que llama beneficios caídos del cielo) y que aspira a que la reducción del coste de las renovables se traslade al precio final.
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Sobre las tarifas en sí, el único detalle publicado por el ejecutivo, en ese acuerdo entre las formaciones, es que se va a "modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". El sector, de momento, tampoco conoce más detalles de cómo se van a desarrollar estos cambios.
LAS DIRECTRICES LLEGAN DE BRUSELAS
Uno de los primeros movimientos consistirá en desarrollar la Ley de Cambio Climático, pactada también con Unidas Podemos en el acuerdo de coalición. Una regulación que, a la espera de conocer los detalles, tiene como objetivo alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040. Lo que conlleva a las eléctricas pisar el acelerador en la producción verde, algo que ya tienen en mente.
Las líneas a seguir están trazadas, porque el Gobierno anterior ya dejó elaborado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2030. Una hoja de ruta guiada por los pasos que marca Bruselas.
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Y ese Plan ya marcaba objetivos concretos por ‘energías’. Preveía que, para el año 2030, se cuente con una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 de solar fotovoltaica; 27 de ciclos combinados de gas; 16 de hidráulica; 8 de bombeo; 7 de solar termoeléctrica; y 3 de nuclear. Es decir, el gas no desaparece del todo en ese escenario inicial. De hecho, el sector asume que el gas es percibido como la tecnología ‘menos mala’ entre las opciones ‘no-verdes’.
Desde la industria también asumen que, el marco más inicial para los próximos años, sus parámetros de retribución, están claros tras las 14 circulares elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la espera de la redacción final de la circular que definirá la regulación de las gasistas, la más polémica por el hachazo inicial planteado para el sector, que llevó al regulador a reformular todo su planteamiento.
Con este marco a futuro bastante claro, los grandes grupos eléctricos también han acelerado en los últimos meses las inversiones en renovables. Sólo dos compañías, Endesa e Iberdrola, tienen previsto invertir en los próximos años cerca de 14.000 millones de euros para elevar su producción y, por ejemplo, en el caso de la filial de Enel más de 3.000 millones estarán centrados exclusivamente en renovables.
