Manuel Conthe, expresidente de la CNMV (e investigado por la policía en la 'Operación Parqué', aunque al final no siguió adelante), acuñó una curiosa teoría cuando dimitió en 2007 por las presiones de Moncloa sobre el supervisor en la puja por Endesa: cuando aparece una cucaracha, es previsible que haya más. Y esta teoría parece aplicable al Banco Popular en el primer aniversario de su resolución y venta al Santander.
Como relato en el libro 'De los Borbones a los Botines: auge y caída del Banco Popular', Emilio Saracho encontró tres tipos de irregularidades en las cuentas de 2016 que heredó de Ángel Ron y que le obligaron a "reexpresarlas" (en realidad, reformularlas): la concesión de créditos a los clientes para comprar acciones (que debían restarse del capital); un déficit mayor de provisiones porque se habían deshecho varias coberturas; y créditos que en teoría tenían garantías reales pero que no aparecían por ninguna parte.
Tres cucarachas. Y si hay tres, es más que probable que haya más. Esta semana, El Confidencial ha revelado la existencia de una cuarta mucho más inquietante: el desvío de 196 millones a una serie de sociedades instrumentales en Luxemburgo para conceder créditos a empresas en dificultades sin que figurasen en los libros del banco. Entre ellas, Marina D'Or. El objetivo era mantenerlas vivas y así, además de no computar ese dinero, tampoco entraban en concurso y el banco evitaba tener que provisionar los créditos morosos que tenía con ellas.
El tema no es menor. Estamos hablando de varios posibles delitos y el denunciante es la propia Agencia Tributaria. Poca broma, como diría el anuncio. Esta supuesta práctica encajaría con la estrategia de ocultación y 'patada' adelante que siguió Ron desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta 2016, con la complicidad del auditor, PwC, y la aquiescencia del Banco de España.
En principio, esta estrategia había consistido en ocultar esta realidad al no clasificar como morosos créditos que debían tener esa consideración y al dotar menos provisiones de las necesarias (ahí es donde fueron cómplices PwC y el BdE). Pero cuando la bola de nieve fue creciendo, se llegó a esas presuntas falsedades contables de la ampliación de 2016. Ahora, estas denuncias de Hacienda indican que las irregularidades pudieron ser muchas más y mucho más graves.
Rápidamente, los abogados de varios afectados han solicitado que se amplíe la causa hasta la ampliación de 2012 (el juez Fernando Andreu la ha limitado a la de 2016). Y a la luz de las novedades, parece razonable. Empieza a complicarse seriamente el horizonte judicial de Ángel Ron, que el 12 de julio tendrá que ir a dar explicaciones al Congreso. Y no hay que descartar que aparezcan más cucarachas. Aquí el Santander puede tener mucho que decir.
