Roberto Higuera, quien fuera vicepresidente de Popular y mano derecha de Ángel Ron en el banco, ha defendido su gestión al frente de la entidad y como prueba de confianza ha alegado que él mismo invirtió un millón de euros en Popular. Además, ha apuntado contra el Banco de España al afirmar que todo lo que se hacía en el banco contaba con su supervisión.
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Higuera se ha presentado este martes ante el juez José Luis Calama, que le había citado como imputado en la causa penal que instruye y que tiene dos piezas, la primera de las cuales está dedicada a la ampliación de capital que Popular lanzó en 2016.
Sobre esta operación, el exvicepresidente de Popular ha afirmado que todo se hizo correctamente, según informan fuentes presentes en la declaración, una valoración que ha extendido también a las provisiones que tuvo que realizar el banco y que le llevaron a perder 3.485 millones de euros en 2016.
Esta versión contrasta con la emitida la semana pasada por Emilio Saracho, expresidente de la entidad, que dijo que la ampliación de capital de 2016 se quedó considerablemente corta, dado que solamente se destinó a cubrir la deuda. Saracho creía que ese año el banco necesitaba 8.000 millones.
Por otra parte, Higuera ha afirmado que se quedó "muy sorprendido" cuando el banco decidió acometer la reexpresión de cuentas de 2016, y eso que en aquel momento él mismo era miembro de la comisión de auditoría. En su declaración de la semana pasada, Saracho criticó que la decisión de comunicar la reexpresión de cuentas el 3 de abril, el mismo día, por cierto, que se hizo pública la salida de Pedro Larena del banco, fue de la comisión de auditoría. De hecho, Higuera ha explicado al juez que para él los ajustes necesarios en las cuentas de 2016 no eran tan relevantes como para tener que llevar a cabo una reexpresión de las cuentas.
También ha defendido las tasaciones del antiguo equipo gestor de Popular. Ha dicho que estaban bien hechas, pues las cuentas de Popular estaban sometidas a muchos controles y auditorías, como las de cualquier banco. Esta idea contrasta mucho con la versión de Saracho, que a su llegada al banco encargó a la consultora JLL rehacer las tasaciones de los activos inmobiliarios del banco para conocer la necesidad real de provisiones de Popular, que los propios técnicos del banco, incluida la directora de Riesgos, no supieron cuantificar.
Higuera ha insistido en que las cuentas de la entidad estaban bien y nadie le dijo nunca nada malo de ellas, ni siquiera su auditor externo, PwC, del que dice que estaba enterado de todo lo que ocurría en Popular y nunca presentó salvedad alguna.
En cuanto a la ampliación de capital lanzada por el banco en mayo de 2016, Higuera ha explicado que se cifró en 2.500 millones de euros porque era lo técnicamente recomendable para poder igualar las coberturas del sector, porque en Popular eran más bajas que la media.
Por último, Higuera ha negado que el banco financiara la compra de acciones de Popular, un extremo que el propio banco reconocía en el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de abril de 2017. Para quien fuera la mano derecha de Ron, decir que el banco financió a clientes para que compraran acciones en la ampliación de capital es mera especulación. Saracho, por su parte, confirmó que esta práctica se llevó a cabo y acusó directamente a Francisco Gómez, antiguo consejero delegado, de ordenar que se hiciera.
Durante su interrogatorio, el fiscal del caso se ha centrado más en cuestionar a Higuera sobre las cuentas del banco, mientras que el juez Calama ha insistido en la pieza separada sobre la manipulación de mercado, preguntando sobre el cambio de control de la entidad y la reexpresión de las cuentas y poniendo el acento en cómo se comunicaron estos acontecimientos, según apuntan otras fuentes jurídicas presentes en la declaración.
¿QUIÉN ES HIGUERA Y POR QUÉ ESTÁ IMPUTADO?
Si bien es cierto que Higuera se limitó en su última etapa en la dirección de Popular a ocupar el cargo de vicepresidente del consejo y consejero, su papel es crucial en la historia del banco. Su trayectoria incluye una breve participación como consejero delegado del banco, que solamente duró un año. Asumió el cargo en 2008 sustitución de José María Lucía, que abandonó el puesto de segundo ejecutivo del banco tras poco más de un año por motivos de salud.
Este coqueteo con el más alto nivel ejecutivo duró apenas un año, transcurrido el cual Higuera se jubiló del día a día del banco. Sus poderes fueron entonces asumidos por Ángel Ron, que se había convertido en presidente del banco en 2004 tras la salida de Luis Valls. El que fue el primer ejecutivo del banco hasta pocos meses antes de su resolución había tenido tres consejeros delegados en tres años y decidió no tener más hasta mucho después, cuando en 2013 decidió cederle estos poderes a Francisco Gómez, que ostentó el cargo durante tres años. Salió de la entidad en cuanto se completó la famosa ampliación de capital de 2016.
Sin embargo, la importancia de Higuera en el banco va mucho más allá. Antes de convertirse en consejero delegado, este hombre de confianza de Ángel Ron llevaba cuatro décadas en la entidad. Comenzó allí su carrera en 1968, tan solo un año después de licenciarse como ingeniero aeronáutico.
Durante su extensa carrera en Popular, fue clave por su papel como director general financiero, que ocupó entre 1998 y 2008. Fue en aquella época en la que la entidad generó el ladrillo que se le atragantaría años después y en la que echó a rodar bancopopular-e, la banca digital de la entidad que más tarde se transformaría en WiZink. En 2006, Higuera se incorporó al consejo de administración.
Higuera fue, además, el responsable de conducir la polémica junta de accionistas de Popular del 20 de febrero de 2017, en la que los propietarios del capital de Popular se desahogaron con numerosos improperios dirigidos a Ángel Ron, como el apodo de “ángel exterminador”, al que achacaban su “nefasta gestión” al frente de la entidad. Higuera, mano derecha de Ron, salió en su defensa y afeó a los accionistas estas descalificaciones.
El directivo, forzado a jubilarse definitivamente con la resolución de Popular, está imputado junto al resto del consejo de administración que llevó las riendas de la ampliación de capital de 2016, la operación que centra la investigación del juez y protagoniza una de las dos piezas en las que se divide la causa penal de Popular.
