La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado la revisión de más de 2.600 aviones de Boeing en Estados Unidos con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de sus mascarillas de oxígeno en caso de emergencia tras constatarse problemas en algunos de estos equipos.
De esta forma, el organismo encargado de la seguridad aérea en la primera potencia mundial ha pedido la inspección ocular de los generadores de oxígeno de ciertos 737 Next Generation y MAX. De ser necesario, estos se sustituirán por otros nuevos o en buen estado, se sujetarán las almohadillas térmicas y se recolocarán los generadores afectados.
Las inspecciones y reparaciones deberán realizarse en un periodo máximo de 120 o 150 días dependiendo de la configuración de los aviones. Estas actuaciones son una medida de precaución para garantizar que todas las aeronaves cumplen las normas de seguridad exigibles para su explotación comercial.
La noticia ha coincidido hoy con la admisión de culpabilidad de Boeing en los cargos de conspiración criminal en relación a los dos accidentes de sus aviones 737 MAX en los que murieron 346 personas en 2018 y 2019, en tanto que también se enfrenta a una multa penal de hasta 487,2 millones de dólares (449,9 millones de euros), aunque la cantidad final será determinada por un juez.
En concreto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó en mayo que el fabricante incumplió un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 vinculado a los dos accidentes aéreos. Esta decisión se produjo tras el desprendimiento de un panel del fuselaje de un 737 MAX 9 el pasado 5 de enero, pocos días antes de que expirara dicho convenio.
Estados Unidos concluyó posteriormente que la compañía había incumplido un requisito de ese acuerdo para implementar un programa de cumplimiento efectivo con el objetivo de prevenir y detectar violaciones de las leyes estadounidenses contra el fraude.
En consecuencia, el Gobierno norteamericano y Boeing aún están ultimando el pacto y esperan presentar el acuerdo definitivo antes del 19 de julio.
Además de la multa, el fabricante contará con un supervisor corporativo y deberá gastar, al menos, 455 millones de dólares (420,2 millones de euros) en reforzar sus programas de cumplimiento y seguridad durante los próximos tres años como parte del acuerdo, que requiere de la aprobación del tribunal. También estará sujeto a un periodo de libertad condicional bajo supervisión judicial.
