MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
UNAV, Acave y Fetave han denunciado en un comunicado conjunto la falta de respuesta del Gobierno sobre las peticiones del sector en torno al Real Decreto 933/2021, reclamando diálogo "inmediato" y solicitando de nuevo la suspensión del nuevo registro de viajeros.
Desde la última reunión con el Ministerio de Interior, el pasado 4 de octubre, las patronales han criticado que tanto las solicitudes de reunión como las propuestas de consenso han sido "completamente ignoradas", dejando al sector de las agencias de viajes en "una situación de absoluta indefensión".
"La falta de comunicación y la negativa a abordar los problemas planteados por el RD no solo afectan al turismo como motor económico, sino que también comprometen los derechos y la privacidad de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos españoles o que alquilen un vehículo en España", han denunciado las tres entidades.
Además, la reciente aprobación de la proposición no de ley (PNL) en el Congreso, que insta al Gobierno a suspender y revisar la normativa en diálogo con el sector turístico, tampoco ha generado respuesta alguna por parte del Ministerio del Interior ya que, según las patronales, "continúa desoyendo los requerimientos aprobados por la mayoría parlamentaria española".
Asimismo, las asociaciones continúan sin recibir respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ni de la Comisión Europea, a pesar de que esta última tiene un expediente abierto desde enero de 2023 tras la denuncia presentada por Fetave.
Sobre este tema, Acave y UNAV han formalizado su adhesión a la denuncia presentada por Fetave ante la Comisión Europea, así como han solicitado una urgente respuesta por parte de Europa, teniendo en cuenta la PNL aprobada por el Congreso de Diputados y la inminente aplicación del Real Decreto, el próximo 2 de diciembre.
Por otro lado, las tres entidades han iniciado contactos con las principales organizaciones de consumidores para alertarlas sobre el impacto que este nuevo registro tendrá sobre los ciudadanos que viajen dentro de España.
Para las patronales, la imposición de las nuevas obligaciones que introduce el RD no solo representa "una grave amenaza" a la privacidad de los datos personales, sino que también expone a los ciudadanos a "riesgos potenciales" de uso indebido de su información ante ataques informáticos.
"Esto convierte a los viajeros en los principales perjudicados por la potencial exposición de sus datos sensibles, siendo una normativa sin precedentes en ningún otro país de la Unión Europea, al tiempo de representar una pérdida de competitividad del sector turístico nacional frente a otras opciones internacionales", han concluido en su nota de prensa de este lunes.