Rosell, sobre el conflicto de la estiba: "Los monopolios deben acabarse, todos"

Este martes se produjo la primera reunión entre los trabajadores y la patronal de la estiba, y se saldó sin acuerdo

"No podemos mantener la situación actual de monopolio. Europa no lo permite y éste es uno más", ha subrayado el presidente de la patronal, que ha añadido que, siendo conscientes de que esta situación no puede continuar, lo que hay que hacer es pactar para que termine "de la mejor manera posible", recoge Europa Press.

Este martes se produjo la primera reunión entre los trabajadores y la patronal de la estiba, y se saldó sin acuerdo. El reloj corre ya que el Gobierno tiene previsto aprobar el Real Decreto que regulará el sector este viernes en el Consejo de Ministros, y antes de ello el Ministerio de Fomento ha pedido a las partes que acerquen posturas y alcancen un punto común. Los estibadores, para presionar, ya han anunciado una huelga de nueve días, que se desarrollará durante tres semanas.

En la reunión estuvo presente el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actúa como mediador en las negociaciones entre patronal y sindicatos de estibadores. Este miércoles ha asegurado que su intención es "apurar al máximo" la negociación entre las partes para intentar lograr un acuerdo antes de este viernes. Peña cree que el acuerdo es "muy difícil", pero dice que "con toda seguridad, se va a conseguir" porque "existe voluntad de negociar por parte de todos".

"Intentaremos encontrar un punto en común que sirva de palanca para mover esto", ha dicho el mediador designado por el Gobierno para el conflicto de la estiba, al término de una de las reuniones bilaterales que está manteniendo con sindicatos y patronal en la mañana de este miércoles. A primera hora de la tarde, las tres partes volverán a sentarse juntas en la mesa de negociación en busca de un acuerdo sobre la reestructuración del sector y con el objetivo último de evitar las tres semanas de paros convocadas en los puertos a partir del 6 de marzo. El presidente del CES ha asegurado que incluso si no hay acuerdo antes del viernes, y en el supuesto de que se produjera la huelga, "seguiríamos negociando, porque esa es la voluntad de todos".

RETRASAR MÁS LA REFORMA

Por su parte, el coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha insistido en pedir al Gobierno que aplace una semana más la aprobación de la reforma del sector de la estiba con el fin de dar más tiempo para negociar un acuerdo sobre esta reestructuración. "Lo razonable, lo más práctico, es retrasar una semana más la aprobación del Real Decreto Ley para facilitar el marco de negociación", ha señalado el sindicalista tras la reunión que Coordinadora y el resto de sindicatos del sector (CCOO, UGT, CIG y CGT) han mantenido este miércoles por la mañana.

Los sindicatos piden al Gobierno que retrase la aprobación del Real Decreto Ley una semana más para dar margen a la negociación

Goya ha reiterado la "permanente disposición al diálogo de los sindicatos" del gremio y ha remarcado que existen "bastantes puntos en común" con la patronal del sector Anesco, con lo que ve margen para el acuerdo en "determinados temas". "Por ello, lo más lógico, cómodo y práctico sería que se acepte por parte del Gobierno dar esa prórroga, que retrasara la aprobación del Real Decreto Ley una semana más para dar margen a la negociación", ha insistido el representante de los estibadores.

Israel Ruiz, responsable de la sección de estibadores de UGT, ha estado en Antena 3 y ha dicho que la nueva huelga de estibadores es culpa del Gobierno. "Nos traen un real decreto que quiere ir más lejos de lo que dice la sentencia de Luxemburgo", ha dicho el sindicalista, que ha pedido que se busquen fórmulas que garanticen la continuidad en el empleo y la formación de los estibadores. "No queremos un decreto que despida a todos y se indemnice con dinero público. Ni que los puertos sean una jungla donde se contrate solo por ETT", ha afirmado.

También en la cadena ha estado Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infrasesctructuras, que ha considerado que es necesario y urgente aprobar el decreto ley porque al incumplir la sentencia europea que condena a España a pagar una cantidad diaria se ha acumulado una deuda de 21 millones de euros. Deuda que, asegura, subiría cuantitativamente en el caso de que se reciba una nueva sentencia de Luxemburgo.