MÓSTOLES (MADRID), 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado la orden por la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, una sociedad de OHL, una indemnización de 356 millones de euros por las obras de construcción inacabadas de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.
La Sala ha estimado el recurso de reposición interpuesto por Cemonasa contra el auto de 26 de febrero de 2019 y acuerda así "decretar la suspensión de la Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid de fecha 25 de octubre de 2018".
Tampoco impone el pago del aval de 212,3 millones que, en principio, se pidió a la compañía para suspender la ejecución de la orden, según el auto, con fecha del pasado 21 de mayo, adelantado por 'Vozpópuli' y al que ha tenido acceso Europa Press.
La Comunidad de Madrid reclamó una indemnización de 356 millones de euros a la referida sociedad de OHL como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución en enero de 2018 del contrato de construcción y concesión de la línea de Cercanías.
Según el auto emitido por el TSJM, existe la presunción fundada de que la orden emitida sobre dicho importe, recurrida por OHL, "no es conforme a derecho, al haber quedado sin cobertura jurídica, privándola de la presunción de legalidad y legitimidad que el ordenamiento jurídico otorga a los actos administrativos".
La Comunidad de Madrid adjudicó en 2009 a OHL el contrato de construcción de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, de 15 kilómetros de longitud y con un presupuesto de 369 millones. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria paralizó las obras en 2010.
En junio de 2015, cuando el proyecto llevaba cinco años parado, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad en la que pedía la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamaba 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndoles 34 millones de euros de penalidades y dándoles 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato".
De su lado, Cemonasa, que entró en liquidación en 2017, exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
En marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la pretensión de la empresa de resolver el contrato de construcción y explotación de esta infraestructura al entender que no están justificados los motivos que alegaba.
Cemonasa, a través de su representante legal, que es su administrador concursal, reclamará a la Comunidad de Madrid toda la inversión realizada en el proyecto, unos 400 millones de euros, según fuentes conocedoras del procedimiento.