BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la multa récord de 1.060 millones de euros que la Comisión Europea impuso en 2009 a la estadounidense Intel por abuso de su posición dominante al considerar entonces que la compañía de microprocesadores expulsó del mercado a sus rivales con prácticas desleales.
El Alto Tribunal europeo desestima los argumentos presentados por la Comisión Europea en su último recurso y confirma la última sentencia sobre el caso, del Tribunal General en 2022, por el que se establece que el análisis de Bruselas fue incompleto y no permitió demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos condicionales concedidos por Intel podían o podrían producir efectos contrarios a la competencia.
El Ejecutivo comunitario impuso en 2009, tras una investigación que duró casi diez años, la que entonces fue la mayor multa de la historia de la UE, por abusar de posición dominante con el objetivo de expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores.
Bruselas tuvo entonces en cuenta que Intel ocupaba un 70% o más de la cuota de mercado y que para sus competidores era "extremadamente difícil" entrar en dicho mercado.
Entre las prácticas denunciadas figuraban descuentos a cuatro fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) a cambio de que compraran procesadores x86 de Intel y también pagos a Media-Saturn para que vendiera en exclusiva ordenadores equipados con los microprocesadores de la marca.
Aunque inicialmente el Tribunal de Justicia respaldó la decisión de Bruselas en una primera sentencia de 2014, la empresa recurrió, el fallo fue anulado en casación y el proceso judicial tuvo que iniciarse de nuevo para examinar con nuevas consideraciones la multa.
Este caso es independiente a otra multa impuesta por el Ejecutivo comunitario a Intel el pasado año por valor de 376 millones de euros de nuevo por un abuso de posición dominante en el mercado de chips informáticos pero entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006. Esta decisión responde a presuntos en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta.