Recibirán una indemnización de 28 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Poly Juguetes, que afecta a 169 trabajadores, ha alcanzado un acuerdo que se ha cerrado con una indemnización superior a la legalmente establecida, según informa Fetico en un comunicado.
En concreto, la negociación, que concluyó este jueves, ha sido un proceso exhaustivo y detallado, culminando en un acuerdo unánime por parte de la comisión negociadora en el que se ha acordado que los afectados recibirán una indemnización de 28 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
De estos, 20 días corresponden a la indemnización legal y ocho días están condicionados a las ventas de las unidades productivas (subasta) y la situación de tesorería a fecha 31 de julio.
Por otro lado, se abonará adicionalmente un importe extraordinario en la nómina de este mes de julio en concepto de incentivo bruto de naturaleza salarial por la realización de labores extraordinarias y específicamente acordadas, equivalente a dos días de salario por año de servicio.
Fetico ha destacado que este acuerdo representa un "logro significativo", ya que se ha conseguido una indemnización superior a la legalmente establecida, beneficiando a todas las personas trabajadoras de Poly Juguetes.
Además, se ha acordado la constitución de una comisión de seguimiento, la cual se encargará de monitorear el avance del proceso concursal.
Poly Juguetes forma parte de Teal Group Holdings, una familia de marcas que también incluye The Entertainer, Early Learning Center y Addo y cerca de una treintena de tiendas en España, así como su 'ecommerce'.
El pasado 22 de marzo Poly Juguetes presentó en el Juzgado de lo Mercantil concurso voluntario de acreedores y ha abierto un procedicimiento de despido colectivo para la extinción de la totalidad de los 186 trabajadores de la compañía, según informó UGT.
En concreto, el sindicato precisó que la juguetera considera "inviable" el mantenimiento del negocio en España, al no darse las condiciones adecuadas para ello.