MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

ARVI, la mayor asociación pesquera española y europea, ha mostrado su desconcierto ante las divergencias de las propuestas de Capturas Totales Admisibles (TAC) que ha presentado este miércoles la Comisión Europea con las recomendaciones de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

En concreto, el sector pesquero español ha mostrado su sorpresa por la propuesta de Bruselas de la reducción del 2% en el rape del caladero de Gran Sol, cuando el ICES recomendaba un incremento del 10,7% para esa especie en esa misma zona.

La CE tampoco coincide con los científicos al proponer un incremento del 27% en la cuota de merluza en la zona 7 de pesca, cuando desde el ICES se ha recomendado aumentar ese TAC sólo un 23%.

"Nosotros apoyamos las recomendaciones científicas del ICES para la zona 7, el caladero de Gran Sol, y nos sorprenden las diferencias esgrimidas desde Bruselas tanto en los incrementos como en los decrementos de cuotas propuestos. No entendemos por qué la CE no respeta las directrices de los científicos ni en el rape, del que depende en gran parte la flota gallega, ni en la merluza", ha indicado el director gerente de ARVI, José Antonio Suárez-Llanos.

El sector está de acuerdo con el incremento del 35% propuesto por la CE para el gallo en Gran Sol, cuota con la que considera que los responsables europeos quieren compensar los sucesivos recortes de TAC que ha sufrido esta especie en los últimos años.

Los informes científicos del ICES apuntan, en líneas generales, a la buena salud actual de las especies que más afectan a la flota española en los caladeros europeos de Gran Sol y aguas ibéricas, especialmente gallo, merluza y rape. Lo que corrobora el esfuerzo realizado por la flota española de altura que viene faenando en esos caladeros de manera sostenible y responsable desde la década de los 80.

Por último, ARVI estudiará con detalle las novedades propuestas este miércoles por la Comisión Europea en lo que se refiere a la obligación de desembarque, que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

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