MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Turismo de la CEOE se suma a las reivindicaciones de las demandas planteadas por las principales patronales de las agencias de viajes, representadas por Acave, Fetave y UNAV, y pide la suspensión de la entrada en vigor en octubre del nuevo registro de viajeros del Real Decreto 933/2021.
En una carta difundida este viernes, la entidad admite su "profunda preocupación" y advierte de que la implementación de la norma podría tener consecuencias negativas "significativas" para el sector turístico en España al tratarse de una norma de "imposible cumplimiento".
Entre las razones de la "profunda preocupación" de este órgano empresarial destaca su posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, en tanto que se piensa que puede vulnerar las reglamentaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad al no respetar los principios de proporcionalidad y minimización.
También considera que el RD implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, además de carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, "lo que provoca inseguridad jurídica".
Según la nota, la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que "se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios", lo que "las expone a importantes sanciones", debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
El Consejo de Turismo de la CEOE incide igualmente en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, "lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento y añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados".
Al igual que han señalado ACAVE, FETAVE y UNAV, este órgano especializado coincide en destacar como algo "relevante" que, las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).
Para terminar, el Consejo de Turismo de la CEOE insta a las autoridades competentes a tomar en consideración una serie de medidas, entre ellas, la revisión del Decreto "para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales", así como su adecuación a la realidad operativa del sector turístico, "evitando desventajas competitivas para las empresas españolas".
LA PREOCUPACIÓN SE EXTIENDE POR EUROPA
Por otro lado, la preocupación que se está produciendo en España por parte de todo el sector turístico, más allá de las propias agencias de viajes y organismos como la CEOE, se está extendiendo en Europa.
En este sentido, en Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, las agencias de viajes y operadores turísticos también están alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.
Así, el portavoz de TUI, Piet Demeyere, considera "irrealista" implementar estos cambios tan rápidamente, ya que ni siquiera ninguno de los actores implicados tienen claro qué datos deben proporcionar.
Por su parte, el representante de la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR), Frank Radstake, critica las nuevas regulaciones, señalando la falta de claridad y las preocupaciones sobre la protección de datos personales.
Ayer mismo se conoció que las patronales turísticas europeas trasladaron mediante una carta al Gobierno español su "oposición, alarma y desconcierto" ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, al considerar que elevará los costes al sector y se traducirá en un incremento del precio de las vacaciones.
En concreto, la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (Ruraltour) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (Hotrec) se unieron también a la preocupación globalizada del turismo español ante esta nueva normativa.