También reordenará el espectro de la banda de 3,5 GHz
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Gobierno reducirá las obligaciones mayoristas contempladas en el texto preliminar de las condiciones de la subasta de la banda de 700 MHz y reducirá la cargas fiscales de los operadores, entre otras medidas, para incentivar el despliegue del 5G.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado este viernes la hoja de ruta del 5G a los principales operadores y asociaciones del sector en una reunión tras la cual también se ha señalado que el Gobierno está "ultimando" los precios de la subasta 5G.
El Gobierno ha decidido suprimir las obligaciones mayoristas en algunos bloques de frecuencias y ha precisado y ajustado los plazos del contenido de la obligación de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.
Según las condiciones preliminares, en función del lote, los operadores debían cubrir en tres años el 100% de las poblaciones de 20.000 o 50.000 habitantes, mientras que el precio de salida de la subasta era de 1.170 millones de euros, considerado muy alto por las empresas.
Entre otras medidas, se contempla la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 Mhz) para optimizarla y fomentar la inversión en redes, como venían proponiendo las compañías, ya que la proximidad de bloques de un mismo operador mejora la calidad de su servicio.
Las propuestas del Gobierno han sido acogidas con satisfacción por DigitalEs, la patronal de las empresas de telecomunicaciones, que señalan que "ayudarán a acelerar la transformación digital de España".
MEDIDAS FISCALES
El Gobierno también busca reducir la carga fiscal de los operadores, que denuncian que es la mayor de Europa, mediante la reducción de las tasas anuales de reservas del espectro en las zonas reservadas para el 5G en 2022 y 2023, una medida que el Gobierno estima en el plan enviado a Bruselas que se traducirá en una merma para las arcas públicas de 90 millones de euros.
A cambio, según contempla el Plan de Recuperación, los operadores tendrán que invertir esas cantidades en despliegues en zonas donde no tengan obligación de despliegue de infraestructura.
REVISIÓN DE LA TASA DE RTVE
Por otro lado, en el comunicado emitido este viernes, también se contempla la revisión de la tasa que aportan los operadores a Radio Televisión Española.
Además, se han incluido medidas para agilizar la concesión de los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles y confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de herramientas de conectividad de la Comisión Europea.
En el mismo sentido, el Gobierno modificará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, actualmente en consulta pública, para incluir condiciones técnicas armonizadas válidas para el 5G de cada una de las bandas de frecuencias señaladas en Europa para servicios y comunicaciones electrónicas.
El Ejecutivo además perseguirá que Bruselas elabore directrices en el ámbito comunitario para facilitar que las empresas compartan infraestructuras y espectro.
Además, el Consejo de Ministros ya aprobó un real decreto por el que la duración máxima de las licencias de espectro se extendía hasta los 40 años (20 años fijos y 20 renovables).
La nueva hoja de ruta también contempla la redacción de una Guía de Buenas Prácticas para entidades locales, un extremo que está contemplado en el Plan de Recuperación, que destina cuatro millones de euros a la formación y el apoyo a entidades locales para los despliegues de esta tecnología.
El Plan de Recuperación destinará un total de 4.000 millones de euros a impulsar la conectividad, el despliegue de 5G y la seguridad.
Entre sus ejes se encuentra la inversión de 812 millones de euros en extender la banda ancha ultrarrápida, 109 millones de euros en la hoja de ruta 5G, además de 480 millones de euros para el refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial.
Asimismo, el despliegue del 5G recibirá inversiones públicas por 1.400 millones de euros, mientras que para el de infraestructuras digitales transfronterizas se destinarán otros 500 millones de euros.
Entre los objetivos del plan se encuentra que el 100% de los españoles tengan Internet a una velocidad de 100 Mbps, una medida con la que se busca cerrar la brecha de acceso a Internet.