MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas presentará este martes a Congreso y Senado un informe que recomienda al Gobierno reforzar la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales.
Precisamente este domingo, en la clausura del congreso del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha redoblado su apuesta por la vivienda anunciando, entre otras medidas, la creación de una empresa pública de vivienda
En concreto, la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, presentará a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las principales conclusiones del informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado.
En dicho informe, el organismo fiscalizador detectó que el Plan Estatal en esos años dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 millones a la cofinanciación por las comunidades (el 21,30%).
El Tribunal apuntó que había diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el Tercer Sector.
ADVERTÍA DE RIESGOS DE DESIGUALDADES ENTRE CCAA
Según la institución, estas debilidades propiciaban la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.
Asimismo, el informe señalaba que los objetivos definidos en el plan no estaban cuantificados, lo que dificultaba la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.
Es por ello que el Tribunal recomendaba al Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.
También instaba a establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración.