VIGO, 11 (EUROPA PRESS)
Medio centenar de trabajadores del astillero vigués Hijos de J. Barreras han protestado esta mañana a las puertas de las instalaciones de la compañía después de que este martes el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, autorizase la venta de la unidad productiva de la firma a Astilleros Armón.
En una concentración convocada por UGT, que preside el comité de empresa, decenas de empleados de Barreras han manifestado su rechazo a la venta de la compañía a Armón, que solo se quedará con 20 de las 120 personas de la plantilla.
Con gritos de 'Barreras solución' o 'Non aos despidos' (No a los despidos), los trabajadores han cortado la avenida de Beiramar portando una pancarta que rezaba 'Futuro industrial igual a mantenimiento del empleo', además de varios carteles con críticas a Ritz-Carlton, actual propietario.
Entre sus reclamaciones, los trabajadores también han solicitado a la Xunta de Galicia su "implicación" para tratar de encontrar una solución a este conflicto.
Así, el presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), ha insistido en que el sindicato está buscando alternativas para recurrir la decisión, incluso planteándose la opción de una denuncia penal contra Ritz-Carlton.
Gálvez ha subrayado que la decisión de la jueza pudo haber estado influenciada por un informe de la administración concursal "totalmente falseado" y con datos "falsos".
En este sentido, ha indicado que en la resolución se recoge que se sacrifica a 100 trabajadores de Barreras para que los acreedores de la compañía (muchos de ellos empresas auxiliares) puedan cobrar sus deudas y así salvar a sus empleados, que ascenderían a unos 6.000.
Sin embargo, desde UGT calculan que el total de trabajadores sería de unos 750, por lo que el impacto no sería para 6.000 personas. Además, indican que la carga de trabajo que ofrece Armón para Barreras ya está adjudicada a otras empresas del grupo y que incluso alguna de estas firmas lleva años en "subactividad".
PIDEN "MEDIACIÓN Y COMPROMISO" A LA XUNTA
A la concentración también han acudido representantes del grupo socialista del Parlamento de Galicia, que han pedido "medicación y compromiso" por parte de la Xunta y han censurado la "inacción" del Gobierno gallego.
"El futuro del sector naval es fundamental para la economía gallega y para la economía de Vigo", ha reivindicado el portavoz de economía socialista, Gonzalo Caballero, quien ha asegurado que esta será la "primera prueba de fuego" del nuevo presidente, Alfonso Rueda.
Por su parte, la Unión Comarcal de la CIG de Vigo, que no acudió este miércoles a la concentración, también ha insistido en que solo una "energética" intervención pública blindaría el futuro del astillero Barreras y garantizaría el mantenimiento de la actividad y de todos los puestos de trabajo.
En un comunicado, el secretario comarcal, Alberto Gonçalves, ha recordado que ya ocurrieron antes cambios en la propiedad y en la dirección de Barreras "que no evitaron que en relativamente poco tiempo se volviesen a atravesar momentos críticos".
"Desde la experiencia acumulada hemos comprobado la incapacidad del capital privado para poner en marcha un proyecto empresarial de largo recorrido. Seguimos apostando en que la solución para blindar el futuro de Barreras, y por extensión del conjunto del sector naval de Vigo, pasa por una energética intervención pública", ha reivindicado.
VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Todo ello después de que este martes el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra acordase autorizar a la administración concursal para que lleve a cabo la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras a favor de la compañía Astilleros Armón Vigo, por 14,7 millones de euros.
La magistrada explica en la resolución que, a la hora de tomar la decisión sobre la venta de la unidad productiva, ha tenido en cuenta que "el beneficio de algunos interesados va en perjuicio de otros".
Así, advierte que, "si se mantiene la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se está favoreciendo a los trabajadores de la concursada, pero a costa de los acreedores y de los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados".