La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el Bono Alquiler Joven es un "parche", aunque supone un "alivio provisional" y puede servir como "medida paliativa". No obstante, ve necesario mejorar la gestión de los recursos.
Así, desde la organización recuerdan que las continuas subidas del precio del alquiler en los últimos años están dificultando significativamente el acceso de los jóvenes a la vivienda en España, donde la edad de emancipación de los jóvenes supera ya los 30 años, 4 años más que en la media en la Unión Europea.
"Un problema que trata de atenuarse con una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2024/2025 que concede, durante dos años, ayudas al alquiler de 250 euros mensuales por beneficiario. Sin embargo, en la práctica, su gestión arrastra todo tipo de obstáculos", apunta la OCU.
Para empezar, destacan los problemas de gestión de los recursos trasferidos a las comunidades autónomas. El último informe del Defensor del Pueblo advierte de graves incumplimientos en el plazo máximo previsto (seis meses por lo general) para resolver las solicitudes de los bonos en Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia.
"Estos retrasos tienen graves consecuencias sobre los posibles beneficiarios: en Galicia, por ejemplo, transcurrido este plazo sin resolución expresa el interesado puede entender su solicitud desestimada por silencio administrativo; mientras que, en Madrid, meses después de la publicación de los listados de los beneficiarios, éstos siguen sin recibir el abono de la subvención", subrayan.
Además, desde la OCU indican que las ayudas no son suficientes para atender a todos los solicitantes y no contribuyen a abaratar el precio del alquiler.
"OCU considera urgente la aprobación de un plan de promoción de vivienda social en alquiler. Entre 2017 y 2022 en todo el país solo 8.613 viviendas obtuvieron la certificación definitiva como VPO en alquiler, una cifra ridícula en relación con las necesidades. El esfuerzo público debe centrarse en la promoción de esas viviendas y en el refuerzo de los servicios sociales, para que tengan los recursos imprescindibles para ocuparse de los hogares realmente vulnerables".
Por ello, insisten en que "la mera repetición de ayudas en dinero a los inquilinos no contribuye a la solución del problema, además de no ser nunca suficiente para el número creciente de personas en dificultad de pago de su alquiler, porque la situación se agrava a medida que la falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga".
