Solicitan una nueva reunión con el Gobierno y trabajan a nivel jurídico para impedir su aplicación
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Los hoteleros alertan del "caos" que puede provocar el Ministerio del Interior en España con el nuevo parte (registro) obligatorio de viajeros, una normativa que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que, en opinión de los operadores turísticos españoles, es "imposible" de cumplir debido a los requisitos exigidos, provocando pérdidas de información sensible de los viajeros.
Por todo ello, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha solicitado una nueva reunión con el secretario de Estado o el ministro del Interior y asegura que en estos momentos trabaja a nivel jurídico para impedir su aplicación.
El 27 de octubre de 2021 se publico un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que marcaba obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Tras conocer estas nuevas obligaciones establecidas por la normativa, los operadores turísticos españoles alertaron del posible caos que podría generar su aplicación y manifiestaron su inquietud, señalando que era imposible cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto.
La normativa imponía nuevos requisitos para el registro de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos, así como la transmisión de estos datos por medio de una plataforma diseñada por el Ministerio del Interior.
Los operadores turísticos señalaron que dicha plataforma se había demostrado "muy ineficiente", haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos. Ante las protestas de las empresas, el Ministerio decidió prorrogar su entrada en vigor en dos ocasiones (primeramente, con una ampliación hasta el 2 de noviembre del 2023 y, posteriormente, con la ampliación hasta el 1 en octubre del 2024), permitiendo hacer el envío por el sistema electrónico tradicional.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que agrupa a todas las modalidades de alojamiento español reglado y representa a 51 asociaciones, considera "incomprensible" que el Ministerio de Interior se empeñe en "provocar un caos" y "generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros"
A su juicio estos nuevos parámetros son "incumplibles e ilegales" ya que provocarán "la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables".
El Real Decreto 933/2021 amplía las obligaciones de las empresas a recoger datos que no se limitan a los que aparecen en documentos oficiales (como DNI y pasaporte), tales como métodos de pago, transacción económica, datos del contrato, domicilio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico del usuario, que sólo pueden ser recogidos de forma manual.
Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, "por lo que esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección".
Cehat recuerda además que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos.
Además, aseguran que la propia Unión europea ha decidido este mismo mes de julio que las aerolíneas solo podrán recabar datos de forma automatizada, reemplazando los métodos manuales -que son a los que obliga este Real Decreto- por la no aparición en documento oficial de muchos de los datos requeridos.
"Asimismo, la UE decidió que estos datos pueden recopilarse sin que las empresas estén obligadas a verificarlos cuando se viaje dentro del espacio Schengen", justifican los hoteleros.
Ante la inmediata entrada en vigor el 1 de octubre de este Real Decreto, los hoteleros reclama una nueva reunión con el secretario de Estado o el ministro del Interior que de momento no ha tenido respuesta. Por ello aseguran que han puesto en marcha sus servicios jurídicos para impedir su aplicación.