MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Data Centers (Spain DC) ha presentado un escrito de alegaciones a la modificación del límite de inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad que fija el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ha estimado que para mantener la competitividad frente a otros países y asegurar la transición energética sería necesaria una inversión de 6.625 millones de euros al año en el periodo 2024-2030 y de 5.300 millones de euros entre el 2031 y 2040.
Así, la asociación afirma que la inversión en los últimos lustros ha sido "claramente insuficiente, provocando un déficit de infraestructuras de transporte de electricidad y dejando la dotación de España muy por debajo de los países de su entorno".
En un comunicado, la patronal consideró que España tiene la oportunidad de convertirse en el hub de interconexión del sur de Europa, "pero este potencial no puede alcanzarse sin la inversión necesaria en redes de electricidad que faciliten la capacidad suficiente para garantizar las inversiones".
El director ejecutivo de Spain DC, Manuel Giménez, advirtió así que sin una red adecuada que conecte la nueva producción de electricidad con la demanda, "existe el riesgo de que la digitalización y la transición hacia energías limpias se estanque".
Según Spain DC el efecto captura de actividad económica del sector de los centros de datos, donde se recoge la digitalización y el aumento de competitividad de las empresas en España, y el aumento del gasto de los hogares, tiene un impacto de 42.800 millones de euros, con una creación de empleo que se estima en 23,6 empleos anuales por MW durante la fase de inversión inicial y un impacto en la recaudación fiscal de 430.000 euros por cada MW durante la construcción y urbanización, recaudación que continuará (impacto duradero) durante los años siguientes de operación.
Por ello, la asociación reclama "nuevas infraestructuras digitales con dimensión suficiente, capacidad modular de crecimiento, estándares máximos de conectividad, mínimos riesgos constructivos y sísmicos y, por otro, acceso a electricidad, con capacidad de transporte desde el lugar de generación hasta las localizaciones donde se encuentran los hubs de hiperconectividad".
Asimismo, en su escrito de alegaciones, la patronal subrayó que la sola derogación de los límites a la inversión no resolverá el déficit de infraestructuras y pide "hacer esfuerzos para lograr recuperar el tiempo perdido en el desarrollo de las redes necesarias para la sociedad del conocimiento", e insta a mejorar los procesos de acceso y conexión tanto a transporte como a distribución "con una planificación que rinda cuenta de los retrasos o impedimentos que se padezcan".
LANZAMIENTO DE CONSULTA.
A principios de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas, una de las principales peticiones del sector energético en los últimos tiempos.
En el caso de la red de transporte --con Red Eléctrica (REE)-- y en el de distribución --principalmente con Iberdrola, Endesa y Naturgy--, las empresas son las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que las inversiones son asumidas finalmente por los consumidores vía recibo de la luz a través de los peajes, uno de los costes regulados de la factura.
Ese límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.