BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)
La propuesta de la Comisión Europea para reformar la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2021 no llega a satisfacer las pretensiones de hacerla más ecológica y su enfoque sobre el rendimiento no es lo suficientemente sólido, según las conclusiones principales de un documento elaborado por el Tribunal de Cuentas de la UE, que también critica la insuficiente rendición de cuentas.
Los auditores europeos señalan que la propuesta de Bruselas tiene instrumentos para responder a los objetivos medioambientales, pero denuncian que "no están definidos claramente en unos valores cuantificados". Por ello, aseguran que la manera de evaluar y de medir el grado de ecologización de la PAC es impreciso.
Además, el informe subraya que la estimación del Ejecutivo comunitario de la contribución de la PAC a los objetivos de la Unión Europea sobre cambio climático es "poco realista" y creen que muchas de las opciones "son muy similares" a las que existen en la actualidad.
En concreto, apuntan que la mayor parte del presupuesto de la PAC continuará financiando pagos directos a los agricultores, un instrumento que "no es apropiado" para responder a "las numerosas preocupaciones" de carácter medioambiental ni es "el modo más eficiente" de apoyar unos ingresos viables.
Por otro lado, el dictamen del Tribunal de Cuentas celebra que la propuesta de la PAC tenga una mayor orientación al rendimiento, pero también indica que "no tiene los elementos necesarios de un sistema de rendimiento eficaz". "La nueva PAC necesitaría más incentivos para el rendimiento y objetivos claramente vinculados a las realizaciones, los resultados y el impacto", recomienda.
Por último, critican que la propuesta no incluya un sistema de control externo "sólido" y advierten de que la Comisión Europea no recibirá estadísticas de supervisión de los organismos pagadores, ni garantías de los organismos de certificación sobre los pagos efectuados a los agricultores, lo que "afectaría a la obligación de rendir cuentas" por parte de Bruselas.
En esta línea, el miembro del Tribunal de Cuentas de la UE responsable de la opinión, Joao Figueiredo, ha remarcado que el cambio hacia una evaluación basada en el rendimiento "no significa que no sea necesario comprobar la legalidad y la regularidad".
"Es de temer que una disposición jurídica que establezca que solo una pequeña parte de los gastos deberá efectuarse de conformidad con las normas de la Unión podría privar de sentido a dichas normas y socavar la aplicación del Derecho de la UE", ha avisado.