Economía.- Los 27 acuerdan sanciones a empresas que socaven los DDHH y el medio ambiente en su tercer intento

La norma se ha adoptado a nivel de embajadores en un tercer intento que ha rebajado la ambición del texto inicial al afectar a menos empresas y después de que el pasado 28 de febrero un total de 14 países, entre ellos Alemania, Francia o Italia, expresase reparos sobre el texto.

Antes de eso, el 9 de febrero, los Veintisiete decidieron aplazar sin fecha las negociaciones, y desde entonces, la presidencia del Consejo, que este semestre corresponde a Bélgica, ha intentado abordar las preocupaciones planteadas por los Estados miembro en consulta con el Parlamento Europeo.

El Consejo y la Eurocámara ya llegaron a un acuerdo en diciembre de 2023, pero el texto debía ser todavía refrendado por los Veintisiete para su entrada en vigor.

La normativa ha contado desde el inicio con el apoyo de empresas y consumidores de la UE, como ha recordado la Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF, por sus siglas en inglés), que en un comunicado asegura sentirse "aliviada" por el acuerdo pese a que considera que "el último texto tiene graves limitaciones".

Así, a pesar de lo que la Fundación califica de "evidentes deficiencias", admite que la legislación establece las bases para una conducta empresarial "más sostenible" y una mayor responsabilidad de las empresas, ya que permitirá a los gobiernos exigir que las grandes empresas rindan cuentas por los daños causados al medio ambiente o a los derechos humanos.

Pero la EJF recuerda que el nuevo ámbito de aplicación de la directiva, que "se ha reducido más allá de lo que había propuesto cualquiera de los mandatos de negociación acordados, limitará drásticamente las repercusiones positivas de estas nuevas normas, que sólo se aplicarán a las empresas de mayor tamaño".