MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año cuentan con una partida presupuestaria de 3.817 millones de euros para política energética, de los que 2.766 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Dentro de esta partida destaca la dotación para el bono social térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables, con una dotación prevista en 2022 de 157 millones de euros.
Asimismo, esta política incluye durante el próximo año una dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, dirigidos a apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principalmente de anticipar a los beneficiarios de los préstamos fondos para actuaciones que una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por lo que se refiere a la financiación presupuestaria legalmente prevista de costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema, se consignan dotaciones para realizar las aportaciones derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares que suman 3.695 millones de euros para el próximo año.
REDUCIR LOS COSTES EN LA FACTURA ELECTRICA.
El Gobierno precisa que el esquema señalado, que da cumplimiento a la vigente normativa sobre apoyo al sector eléctrico en cuanto al impulso de las energías de fuentes renovables, se verá posiblemente modificado a lo largo del próximo ejercicio al estar en tramitación en las Cortes Generales dos proyectos de Ley.
Se trata del proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
La aprobación de ambas normas supondrá cambios relevantes en los mecanismos de financiación del sistema eléctrico tendentes, por una parte, a que la carga de las primas a las renovables se distribuya entre todos los agentes del ámbito energético y, por otra, a introducir medidas que racionalizan la retribución de la producción energética de determinadas fuentes.
Todo ello, según explica el Ejecutivo, contribuirá a reducir los costes que hasta el momento se contienen en la factura eléctrica, minorando la carga que soportan los consumidores.
Asimimo, se destinarán 2.876 millones del MRR para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, y para convenios de transición justa en zonas de transición energética.
Los fondos del MRR se dedicarán al desarrollo de los siguientes componentes: plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde (445 millones de euros); programa de transición energética y reto demográfico (350 millones de euros) y desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos con el fin de incrementar considerablemente el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final (630 millones de euros).
A ello se suma la promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento (351 millones de euros); hidrógeno renovable (555 millones de euros); inversiones en transición justa dirigidas a reducir el impacto de la crisis de la pandemia Covid (110 millones de euros)y Plan de Transición Energética en edificios de la Administración General del Estado (435 millones de euros).
Por último, el Consejo de Seguridad Nuclear ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.
Para ello, dicho organismo cuenta en 2022 con un presupuesto dentro de esta política de 46 millones de euros.