MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La culminación de los trabajos del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, las medidas de apoyo a los sectores agrario y pesquero para hacer frente al incremento de costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la aprobación en Consejo de Ministros de los proyectos de ley de pesca sostenible y contra el desperdicio alimentario han sido algunos de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el primer semestre de este año.
El Departamento que lidera Luis Planas ha señalado que agricultores y ganaderos ya tienen garantías de que la nueva PAC podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, después de que el pasado 18 de julio la Comisión Europea anunciara la aprobación política del Plan Estratégico.
España está en el paquete de los primeros cinco países que han sido autorizados a enviar el documento definitivo de sus planes nacionales sobre la PAC para su aprobación formal en las próximas semanas.
El anuncio de la aprobación del plan español despeja el horizonte para que los agricultores y ganaderos puedan disponer hasta 2027 de un volumen total de ayudas de 47.724 millones de euros.
Para hacer posible su aplicación, en este primer semestre el Gobierno ha aprobado también un proyecto de ley que se tramita por vía de urgencia y que contiene cuestiones fundamentales como los sistemas de control y gestión para posibilitar un desarrollo homogéneo de la reforma en el conjunto del territorio nacional. El paquete legislativo necesario se completa con 18 decretos leyes, algunos de los cuales ya se encuentran en tramitación, y otros en elaboración.
AYUDAS A SECTORES AGRARIOS Y GANADEROS POR EL INCREMENTO DE COSTES
En estos seis primeros meses del año, Agricultura también ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo a los sectores agrario y pesquero para dar respuesta a situaciones coyunturales que les suponen serias dificultades como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, los incrementos de los costes de producción, la sequía y la erupción del volcán de La Palma.
Así, el 22 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete específico de ayudas directas para el sector primario de 430 millones de euros, que se suman a medidas horizontales como la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes.
El pasado 25 de junio, en el decreto de prórroga de las medidas de choque para hacer frente a la situación, se incluyeron 72 millones de euros más específicamente para el sector primario: la ampliación en 60 millones de euros de la línea de apoyo público a la contratación de seguros agrarios y en 12 millones de euros de los instrumentos de financiación favorables para empresas agroalimentarias.
Respecto a la sequía, el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico cuantificadas en unos 450 millones de euros, y que suponían una reducción del 20% en la tributación del sistema de módulos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
LEY DE PESCA SOSTENIBLE.
En el ámbito legislativo, en el primer semestre el Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria dos de los proyectos de ley que forman parte de los objetivos prioritarios de la legislatura: la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y la de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Entre las principales novedades de la ley de pesca sostenible, que actualiza la normativa actual que ha superado los 20 años de vigencia, destaca que por primera vez se regulan cuestiones como la gestión de los recursos genéticos pesqueros y la pesca de recreo en aguas exteriores. Igualmente acomete cuestiones sociales como la introducción de coeficientes reductores para la edad de jubilación en actividades pesqueras de riesgo para la salud y que son desempeñadas mayoritariamente por mujeres como las mariscadoras de a pie, rederas, neskatillas y empacadoras.
En materia pesquera se ha aprobado también el real decreto por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales peninsulares, con el que se refuerza el liderazgo mundial de España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Mientras que la ley contra el desperdicio alimentario es la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos.
Por otro lado y en el ámbito del impulso a la modernización del sector y de la aplicación de los fondos New Generation de la Unión Europea, el Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, para apoyar el crecimiento económico sostenible y la digitalización de éste y fomentar la cohesión territorial.
Dotado con un presupuesto total de 1.800 millones de euros, el Perte agroalimentario se basa en tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones transformadoras sobre la cadena de valor industrial, medidas de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario y a la investigación científica.