El tribunal desestimará el recurso de Vox en un próximo Pleno
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la decisión del Gobierno de prorrogar hasta febrero de 2022 el Real-Decreto Ley que suspendió los desahucios de personas económicamente vulnerables durante la pandemia y así lo reflejará en una futura sentencia a cargo del magistrado del ala progresista Ramón Sáez.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Pleno de este martes se ha mostrado en contra de la ponencia que redactó el magistrado conservador Ricardo Enríquez por la que se proponía estimar el recurso que presentó Vox contra dicha norma.
Ante este escenario, Enríquez ha declinado redactar una nueva ponencia que recoja el sentir de la mayoría progresista y desestime el recurso de inconstitucionalidad presentado por los de Santiago Abascal.
Así las cosas, el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha designado a Sáez como ponente para que redacte el nuevo borrador de la sentencia que se debatirá en un próximo Pleno.
Cabe recordar que el pasado febrero, el TC desestimó por mayoría el recurso que presentaron los diputados del PP contra el decreto-ley que permitió paralizar los desahucios de 'okupas' durante el estado de alarma al considerar, entre otras cuestiones, que el texto preveía una medida limitada en el tiempo que no vulneraba el derecho de propiedad de la vivienda y que tenía por finalidad un interés social: proteger a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia.
DESESTIMARÁ EL RECURSO DE VOX
El debate relativo al recurso de Vox ha tenido lugar después de que en septiembre de 2021 los diputados del partido presentaran su recurso contra la suspensión hasta el 31 de octubre de 2021, prorrogada por el Gobierno hasta el 28 de febrero de 2022, del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
Fue el 26 de octubre de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.
Desde la formación alegaron que el texto legal que recogía la posibilidad de suspender un desahucio si en la ocupación de la vivienda no había mediado violencia o intimidación vulneraba "pilares fundamentales del Estado de Derecho" como la justicia o la propiedad privada.
Vox defendió que la entrada y permanencia delictiva en una vivienda no podía configurarse como causa legal que imposibilitase el "cumplimiento estricto de los mandatos que la sentencia contiene y, menos aún" podía "permitir dar por satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal".
La entonces portavoz del partido Macarena Olona señaló en declaraciones a la prensa que la norma era claramente inconstitucional porque introducía una reforma que es una "salvajada jurídica" toda vez que "legaliza los desahucios que son consecuencia de la ocupación delictiva".