MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno contempla un presupuesto de 4,79 millones de euros para crear la nueva Autoridad Independiente de investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, según se desprende de la memoria económica del anteproyecto de ley a la que ha podido acceder Europa Press.
Este organismo asumirá y unificará las funciones de las tres comisiones que en este momento existen en el seno del Ministerio de Transportes para investigar accidentes e incidentes sobre trenes, aviones y barcos.
No obstante, el incremento de gasto público que contempla el Gobierno al crear esta autoridad es de 1,8 millones, al descontar de esos 4,79 millones los 2,966 millones que se verían eliminados de las comisiones actuales.
La intención del Gobierno es que la autoridad se autofinancie mediante las tasas de seguridad aérea, de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y de ayudas a la navegación. Hasta que esto ocurra, se mantendría un sistema de doble financiación a través de estos tributos y de las aportaciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.
La fórmula, según el Gobierno, supondría finalmente una reducción de 570.250 euros respecto a los actuales presupuestos de las comisiones de investigación vigentes. Por lo que respecta a la participación en las tasas, se estima necesario destinar a la Autoridad un 2,303% del importe recaudado por cada uno de los impuestos.
SEIS CONSEJEROS DE LAS DIFERENTES COMISIONES
El nuevo órgano estará formado por un consejo compuesto por seis consejeros que provengan de los tres ámbitos que la autoridad investiga, como son el marítimo, el aéreo y el ferroviario, que serán sometidos un "estricto régimen de incompatibilidades".
Los miembros del consejo serán nombrados a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario. El nombramiento del presidente deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los consejeros o consejeras, dicha Comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto.