MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba el estatuto del Instituto para la Transición Justa (ITJ), un organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que nace con el objetivo de identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento "equitativo y solidario" de los trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono y que será responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa.
El organismo, heredero del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, contará así como principal herramienta para elaborar e implementar esta Estrategia con los convenios de transición justa, que servirán para mantener y crear actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, fijar población en zonas rurales o con instalaciones en cierre y promover la diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico, informó el Ministerio.
De esta manera, todas las competencias del antiguo organismo en el ámbito de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras se mantendrán y pasarán a enmarcarse dentro del ámbito más amplio de la transición justa, si bien contarán con los elementos de actuación específicos para el ámbito de la minería del carbón.
Así, el Instituto para la Transición Justa seguirá implementando el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el 24 de octubre de 2018 entre el Ministerio y la central sindical UGT FICA, la Federación de Industria de CC.OO., la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector -Carbunión- que establece las bases para una transición justa de la minería del carbón y un desarrollo sostenible de las comarcas mineras.
Además, el organismo tiene competencia para abordar otros desafíos como el cierre de centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares sin planes de reconversión previos, entre otros.
ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA
El Instituto se configura como un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía.
Desde el punto de vista organizativo, el Real Decreto publicado este martes determina que los órganos de gobierno del Instituto serán la presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, y el Consejo Rector. Los órganos ejecutivos, por otro lado, serán la dirección -que tiene rango de dirección general-, la Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación.
En el marco del organismo, también se crea un consejo asesor, integrado por representantes de departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y representantes de la sociedad civil, cuya función principal es dar asesoramiento y evaluar el impacto de las políticas de transición justa que pondrá en marcha el Instituto.
La norma también fija las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben acompañar la actividad de cualquier organización pública.
ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA
La Estrategia Española de Transición Justa fue aprobada por el Gobierno en 2019 para maximizar las oportunidades de empleo en la transformación del modelo económico hacia la neutralidad climática y se trata de un documento alineado con el resto de piezas que componen el Marco Estratégico de Energía y Clima como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 o el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en su última fase de tramitación.
Esta estrategia identifica y se alinea con las áreas del PNIEC con mayores oportunidades de creación de empleo y contempla propuestas para mejorar el acompañamiento a las empresas, adaptando los instrumentos de apoyo de la Administración General del Estado (AGE) e impulsando planes de acompañamiento en este proceso de transformación, tanto para la industria y como para otros sectores, que refuercen la competitividad.
Así, el documento impulsa el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, de empleo y de formación profesional para asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.
Entre los principales objetivos de la Estrategia se encuentran, entre otros, facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por la transición ecológica de la economía, garantizar un aprovechamiento igualitario de las oportunidades, promover foros de participación sectoriales, o evaluar y mejorar los actuales instrumentos de la AGE de apoyo a la empresa.
Asimismo, plantea proponer políticas de apoyo adecuadas para el trabajo coordinado de las administraciones públicas y minimizar los impactos negativos en las zonas vulnerables a través de Convenios de Transición Justa y del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre.