MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha autorizado una subvención de 124 millones de euros a Canarias y Baleares para financiar la gratuidad del transporte público en ambos archipiélagos e impulsar así la movilidad colectiva y contribuir a "aliviar el bolsillo de los ciudadanos" ante el "elevado precio de la energía y los combustibles".
Así lo ha acordado este martes el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En concreto, 81 millones de euros serán para Canarias y los otros 43 millones de euros estarán destinados a Baleares.
Se trata de una medida paralela a la financiación por parte del Estado de un descuento del 30 por ciento en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre y en el que las comunidades autónomas debían aportar, a su vez, un descuento que ascendiera al 50 por ciento de los títulos.
"En el caso de Canarias y Baleares, en reconocimiento del hecho insular, con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad establecido en la Constitución Española, la ayuda se amplía hasta financiar la gratuidad de estos títulos para viajeros recurrentes", se lee en un comunicado difundido por el Consejo de Ministros.
La ayuda contempla la obligación de las comunidades autónomas de destinar el importe de las ayudas a compensar a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte terrestre colectivo por la pérdida de ingresos derivada de la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje.
"IMPULSAR EL TRANSPORTE PÚBLICO"
El Ejecutivo ha asegurado que la medida se enmarca en las iniciativas que ya ha llevado a cabo con anterioridad para a "aliviar el bolsillo de los ciudadanos" ante el "elevado precio de la energía y los combustibles", que afecta especialmente a la movilidad cotidiana.
Asimismo, el Gobierno ha explicado que de esta manera "se incentiva" el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada, permitiendo utilizar "un modo más seguro, económico y sostenible que el coche particular".
También es, según el Consejo de Ministros, "más justo en términos sociales, más inclusivo y tiene un impacto positivo en la economía y la industria". Además, es una "pieza clave" para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones y de mejora de la siniestralidad vial.