MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes una proposición de ley en el Congreso para ampliar la Ley de Cadena Alimentaria y que el Ministerio de Agricultura elabore indicadores en los costes de producción de los alimentos y se eviten prácticas abusivas que perjudiquen a los agricultores.
Aunque se vaya a debatir en la primera sesión plenaria posterior a las elecciones catalanas, la proposición de ley se registró hace semanas, coincidiendo con las protestas que agricultores y ganaderos de toda Europa protagonizaban por la situación del sector.
Para poner soluciones encima de la mesa a esta situación, la formación presentó su ley para, además de ese índice de precios, tratar de ampliar y reforzar la normativa relativa a la cadena alimentaria, porque a su juicio en la actualidad "queda extremadamente corta".
ERC considera que la legislación de la cadena alimentaria que se aplica desde 2013 "no está siendo eficaz" y los agricultores siguen vendiendo a pérdidas debido a una falta claridad en los objetivos y una "enorme dificultad" para llevar la normativa a la práctica.
De hecho, los independentistas recuerdan que lo que reivindican los agricultores en las protestas "no es nada nuevo", pues tiene que ver con la competencia desleal de terceros países, el exceso de burocracia, las ventas por debajo de coste o la falta de flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC).
PROHIBIR LA REVENTA A PÉRDIDAS
Cuestiones estas que denuncia ERC y que busca revertir con su proposición de ley, que en primera instancia quiere hacer efectiva la prohibición las ventas a pérdidas e incluir también las reventas en el sector, pues no se consideran en la legislación actual.
La ley de ERC sanciona también las prácticas abusivas de los grandes distribuidores hacia los pequeños productores y establece que hay posición de dominio cuando una empresa tiene una cuota de mercado del 8%.
Para detectar esas prácticas abusivas, ERC propone redefinir el precio del contrato alimentario y que siempre sea superior al total de costes asumidos, lo que se aplicará a cada eslabón de la cadena para evitar la destrucción de valor. A esto se suma que el operador que compre a productores primarios inscriba cada contrato alimentario que realice en un plazo de tres meses, flexibilizando los plazos.